En su batalla por conseguir un ordenamiento en la ocupación de tierras de dominio público en la zona del Delta, hace quince días el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, formuló dos anuncios: dijo que pediría la anulación de los títulos de propiedad aprobados en los últimos años por la Dirección de Catastro y que abrió el camino para que particulares se apropiaran de unas 100 mil hectáreas, pero además anticipó la determinación de rescindir los contratos de arrendamientos, firmados por la provincia hace tres años con productores ganaderos para ocupación de lotes en Victoria y Gualeguay.
En diciembre de 2004, la Legislatura sancionó la La Ley Nº 9.603 que autorizó a arrendar “todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos” para destinarlas al desarrollo de la ganadería, la apicultura “y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”, según explicitó la norma.
Aunque los primeros contratos recién se firmaron en 2007. En el departamento Victoria se ofreció en forma pública un total de 123 mil hectáreas, pero se adjudicaron nada más que 78 mil, y se ocuparon efectivamente 76 mil hectáreas.
La situación más complicada fue en Gualeguiay: se concursó la ocupación de 45 mil hectáreas, se adjudicaron 22 mil y se ocuparon nada más que 7 mil.
Por qué no se ocupó el total de tierras ofrecidas no es un tema menor: las irregularidades en las islas rozan en algunos puntos lo delictual.
Rubén Sarli, subsecretario de Producción Agrícola Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la Producción, dice que la diferencia entre lo que se ofreció y lo que finalmente se ocupó tiene explicación: hubo adjudicatorios “que no pudieron ingresar”, también existieron fallos de la Justicia que impidieron entregar lotes de propiedad del Estado que estaban en juicios de usucapion promovidos por particulares que pretendían su ocupación, y además hubo otro imponderable, “renuncias” de los adjudicatarios.
“En Victoria, la oferta pública anduvo bien. En donde hubo mucha complicación fue en Lechiguanas, porque los ocupantes son todos de provincia de Buenos Aires, e hicieron boicot a la propuesta de Entre Ríos. Directamente le dijeron a la gente que se no presentara al concurso que lanzó la provincia. Allí la cuestión está ligada a actos de posesión de tipo violento, con cierto grado de violencia.”, dijo el funcionario.
Particularmente, menciona la situación de Lechiguanas, donde mencionó que “hay irregularidad, y son muy pocas las hectáreas que se logró ocupar mediante el concurso público que se lanzó”.
Pero ese panorama de Lejano Oeste no se vivió en Victoria. “En Victoria no ha sido tan así. Hay algunos lotes conflictivos, pero en la mayoría de los casos se consiguió regularizar la situación. Es otra realidad. No hay tanto plano de posesión”, contó.
Sarli defendió con énfasis el proyecto de arrendamiento de lotes en el Delta, y dijo que la idea apuntó a “ordenar el uso. La Provincia venía de una práctica de tenencia precaria, que era totalmente discrecional. Entonces, se quiso acotar mediante un concurso. Era necesario ese ordenamiento, por varios motivos. En primer lugar, el sistema de tenencia precaria, que se otorgaba por un plazo de doce meses, derivaba en un mal uso de los lotes, no se hacían instalaciones, y no se delimitaba el predio. Por eso era necesario el ordenamiento”.
“También —añade— porque había ocupaciones irregulares, que venían de vieja data. Nosotros nos planteamos regularizar la situación. Y la regularización vino diciéndole a los que tenían 20, 30 o 10 años ocupando los lotes que tenían privilegio sobre cualquier otro interesado. Paga un mínimo y usted se queda para siempre, nadie lo va a poder sacar, le decíamos. Eso es lo que planteó el decreto reglamentario de la Ley de Arrendamientos”.
Pero acepta que dentro del Gobierno hay opiniones contrarias a los arrendamientos, y que hay quienes opinan que deberían rescindirse todos los permisos de ocupación de las islas.
Claro que Sarli disiente con esa postura, y lo explica así: “Modestamente, pienso que sirvió. Fui el responsable durante cuatro años del área, y defiendo los arrendamientos. A esto lo avalan las entidades agropecuarias, que opinan favorablemente, ya que las islas son un espacio ganadero, que es un espacio que debe preservarse, que tener el contrato de arrendamiento, con opción a tres años, les permite realizar mejoras, delimitar el predio, y un uso mucho más racional de esos campos, que antes estaban sobrepastoreados, y ahora no”.
En ese sentido, se muestra partidario de no rescindir los arrendamientos de lotes, “porque de lo contrario, algún otro instrumento hay que buscar inmediatamente, si no vamos a caer otra vez en el hecho de que van a ser intrusadas las tierras, así de simple. Con la demanda de tierras aptas para ganadería que hay en este momento, yo creería que no pasaría mucho tiempo hasta que se volverían a intrusar los predios”.
El dato
800 mil CABEZAS DE GANADO
Es la estimación que hace la Secretaría de la Producción respecto de la cantidad de ganado que existe en el Delta entrerriano, entre los departamentos Victoria y Gualeguay.
Fuente: El Diario
