A juicio del concejal Rodrigo Juárez –firmante de la presentación junto a su par de bancada José Molla—, ninguna de esas dos prohibiciones fueron tenidas en cuenta por la empresa Bema Agri BV, que ocupó 10 mil hectáreas de tierra en la isla Irupé para el cultivo de soja, y donde además construyó un terraplén de unos 20 kilómetros para evitar la inundación de las parcelas.
En primera instancia, el amparo ambiental que habían presentado los ediles fue rechazado por la Justicia de Victoria por “inadmisible”; otro recursos similar, presentado por la Municipalidad de Victoria, también fue desestimado, en ese caso por “extemporáneo”. Ambas resoluciones, fueron firmadas por el juez de Instrucción Alejandro Callejas.
Ejes del pleito
Los críticos del emprendimiento aseguran que los holandeses incumplieron normativas municipales vigentes. En particular, la ordenanza N° 2.185, que declara “área natural protegida” la zona de islas, y por tanto veda el cultivo de oleaginosas, como la soja; sólo están permitidos los cultivos orgánicos.
Otra es la ordenanza Nº 1.787, promulgada el 13 de julio del 2008, que prevé que todo “emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante”.
Y la ordenanza Nº 2.472 que establece que el suelo litoral, que comprende los terrenos del ejido ubicados en la zona de islas en lo referente a usos de la tierra no está admitida la “agricultura y actividades productivas industriales.
Excepcionalmente, se admitirán usos agrícolas de cultivos orgánicos en parcelas de unidades de explotación que estén territorialmente ubicadas en el suelo litoral como continuidad del suelo firme y que a la fecha de la aprobación de la norma esté perfectamente delimitada”.
Juárez y Molla llevaron su planteo a la Justicia en calidad de «ciudadanos» y no de «concejales», y fue la acción que tuvo trámite en la Justicia. El expediente recorrió los juzgados de Paz, de Instrucción y luego retornó a la instancia civil, y fue caratulado como amparo ambiental. El segundo amparo ambiental contra la firma fue presentado por la administración del intendente justicialista de Victoria César Garcilazo, pero fue desestimado de plano por el juez Callejas.
El concejal Juárez explicó a EL DIARIO que el rechazo dado por el magistrado al amparo ambiental se apoyó en el hecho de que fue presentado 30 días después de que hubiera ocurrido el hecho, esto es la instalación de los holandeses en las islas, tal cual lo establece la legislación procesal en materia de amparos.
«Lo que dice el juez es que nosotros, en calidad de ediles, debimos tener acceso a las actuaciones administrativas de la Municipalidad. Pero hay un detalle, y ese es el fundamento de la apelación ante el Superior Tribunal, y es el hecho de que cuando un evento dañoso continúa en el tiempo, en este caso la siembra en las islas, el plazo de caducidad de 30 días no corre. Y nosotros entendemos que al haber una actividad de permanente ilícito, los sembradíos, más la construcción de los terraplenes, están continuando el efecto dañoso en el tiempo», aseveró.
Error oficial
En realidad, los concejales culpan a la Municipalidad de no haber actuado a tiempo, sabiendo de las irregularidades que se cometían en el Delta. Y la principal figura que recibe los dardos es la del asesor legal de la Municipalidad de Victoria, Héctor Marchese. El conejal José Molla señaló que Marchese “debe estudiar las ordenanzas para evitar el error de no hacer absolutamente nada para que la empresa Bema Agri construyera los terraplenes para la explotación agrícola ganadera”.
Al respecto subrayó que del estudio del expediente del caso de la firma holandesa surge que el 4 de julio de 2008 “se registra la primera actuación de un funcionario provincial de la Policía de Entre Ríos. Es allí que se descubre que se están construyendo terraplenes para la siembra. Toma conocimiento la Municipalidad y no actúa en consecuencia, sino que por el contrario el 28 de octubre del 2008, el asesor letrado sugiere enviar estas actuaciones a la provincia diciendo que se estaría violentando normas provinciales”.
Paradójicamente, la Municipalidad pretendió que la Justicia frenara el emprendimiento de los holandeses. Al respecto, Juárez califica como «grave error» del Municipio haber seguido ese camino.
«Por dos cuestiones. Primero, ellos tenían toda la información, y nosotros no. Ellos podrían haber dictado una resolución parando las obras, y suspendiendo del sembradío. Ellos tienen facultades. Pero lo hacen, no sé por qué. No toman esa decisión, y se van directamente a la Justicia. Siguen el mismo camino que nosotros. No sé por qué motivo no continuaron con el expediente administrativo», afirma.
Como fuere, ambas apelaciones están ahora en el STJ, y la expectativa es que en un plazo de al menos tres semanas haya resolución al respecto.
El dato: u$s 3,5 millones es lo que habría pagado la firma holandesa Bema Agri BV para quedarse con unas 10 mil hectáreas ubicadas en la isla Irupé, en el ejido de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles, frente a Villa Constitución, Santa Fe.
