Esto comienza cuando el Agrimensor Fernando Alba Posse, encargado de comprobar la veracidad de los campos expropiados por la crecida del lago, advierte serias irregularidades. Estas fueron comunicadas al Vicepresidente del Ente, Enrique Stola, quién hace la denuncia de este grave ilícito con los campos del peri lago, llevando esto a un Tribunal Federal de Buenos Aires, debido a que el Juzgado Federal de C. del Uruguay “no le merece confianza por tener varias denuncias pendientes ante el Consejo de la Magistratura”.
Luego de esta denuncia, el agrimensor Alba Posse fue despedido sin causa solo por haber cumplido con su deber, -llamar la atención de posibles casos de ilícitos- a partir de ahí comienza su calvario, no solo económico, sino también, con amenazas de muerte por parte de ribereños, (callate la boca o vas a terminar en una zanja).
“El país del revés”, quien denuncia un posible caso de corrupción es castigado.
Llama la atención que el Presidente de esta delegación, Juan Carlos Cresto, teniendo conocimiento del expediente, no solo no acompañó con su firma esta denuncia sino que expresa que “ ….hay que ser más prudente en el tratamiento de estos temas”. El juez federal donde reside esta denuncia, Dr. Lijo de Capital Federal, se declaró competente en el caso, rechazando la inmunidad planteada por CTM, argumentando con razón, “… para delitos de corrupción no hay inmunidad”.
A todo este patético relato, se le suma otro hecho grave, acontecido en la madrugada de este viernes último, que puede estar relacionado con este, como es la muerte violenta de quién fuera titular de la Asociación de ribereños del Rio Uruguay Alejandro Zamora, luego que el día anterior diera una nota en radio hablando de este tema.
Llama la atención que alguien que denunció hechos similares a lo de Alba Posse, amanezca muerto de un balazo. Esto merece una investigación meticulosa por parte de la policía y la justicia.
La sociedad toda, espera que esta vez, la justicia federal esclarezca totalmente estos hechos graves donde pueden estar involucrados funcionarios de primer nivel.
Además, el gobierno provincial no puede mirar al costado ante este grave hecho de corrupción, que acontece en nuestra provincia, donde el gobernador tiene injerencia directa en los nombramientos de los funcionarios de esta institución que fue construida con un fin, “el desarrollo regional”, el cual todavía brilla por su ausencia. Esperemos que esta obra de la que se tuvo fundadas expectativas en su momento, no caiga en la misma categoría de la represa de Yacyretá “, cuando el presidente justicialista Carlos Menen la calificó como “ monumento a la corrupción”.
Hasta ahora el único castigado es quién presento la denuncia de corrupción, esperemos que de aquí en más comience el castigo a los verdaderos culpables, para revertir este “mundo al revés”
