Los auditores del Tribunal de Cuentas, encabezados por la contadora Adriana Scatena, llegaron al Puerto de Concepción del Uruguay a realizar la rutinaria labor de revisar el ejercicio anual del Ente, en este caso, del año 2002. Pero al paso advirtieron la «irregular situación» de Diez, y señalaron a las autoridades del EAPCU que esa irregularidad podría tener consecuencias al aparecer en la auditoría del Ejercicio 2003. «Ahí va a saltar», marcaron los funcionarios. Sin embargo, ya transcurrieron varios meses del 2004 sin que se haya blanqueado el asunto.
El mecanismo no es tan inusual: mediante un decreto del Gobernador, se puede «adscribir» a un empleado del Estado provincial a un municipio, adscripción mediante la cual el funcionario sigue percibiendo su sueldo del Estado entrerriano, pero se desempeña en una función en la comuna. Pero en este caso, la irregularidad arrastra ya cuatro meses sin que hasta hoy Jorge Busti haya firmado el decreto que autorice la adscripción de Diez al municipio. La relación previa con Busti de los hermanos Bisogni –uno al frente del Puerto y el otro al frente del Municipio– hacía pensar que se allanaría el camino. Pero las versiones aseguran que Busti no fue consultado sobre el tema y que hoy se muestra reticente a firmar el decreto que «blanquearía» la situación de Diez. El problema es que mientras tanto, el Ente contrató a otra profesional para que cubra las labores de Diez… con lo cual la indefinición le está costando cara a la Provincia; además de las previsibles consecuencias en el aspecto legal que esto pueda acarrear para los distintos protagonistas del episodio. En el propio Tribunal de Cuentas ven con preocupación la irregularidad y advierten que «los principales interesados en resolverlo deberían ser los titulares del Puerto».
Un funcionario del Tribunal que pidió reserva de su nombre, dijo a este quincenario que «no hay plazos, nosotros no ponemos plazos. Pero si el Gobernador no autoriza por decreto, deberán hacerlo volver al Puerto, porque no puede estar así».
Algún ingenuo puede preguntarse por qué tanta vuelta. ¿Qué le impide a Néstor Diez solicitar una licencia sin goce de sueldo mientras dure su actividad como Secretario de Hacienda? La respuesta es simple: nada. Pero lo que Diez no está dispuesto a hacer es a perder dos mil pesos en sus ingresos: la vocación de servicio no llega a tales límites. Entre los 1.800 que percibe –de bolsillo– un secretario del municipio y los 3.800 del cargo que detenta Diez en el Puerto, la distancia parece irreductible.
Pero algún malpensado también puede advertir que, por ordenanza, las remuneraciones de los funcionarios municipales están compuestas de dos grandes rubros: el sueldo en sí y los «gastos de representación». Con esta certeza, la duda era si Diez percibe alguno de estos conceptos en el municipio, o si por el contrario no está percibiendo ninguno de los dos ítems. El funcionario, en diálogo con El Miércoles, fue categórico, asegurando que «al municipio no le cuesta absolutamente nada».
