Se percibe un clima de cierta distensión entre funcionarios y empleados. “Vinieron muchos a saludarme y decirme que estaban contentos por la decisión del juez, más tranquilos. No me había dado cuenta, porque seguramente no me lo habían hecho sentir, lo tensionados que estaban por este tema. En cuanto a mí, nunca pensé que iba a quedar procesado”.
La falta de mérito decidida por el juez que instruye la causa vino a descomprimir una situación donde no pocos creían que el intendente sería procesado y algunos apostaban incluso a su renuncia. “Aposté a denunciar transparentando las cosas, creí en la Justicia y aceré – dice éste -. Denuncié lo que ocurría, con todos los costos que uno sabe que asume y que puede correr, costos políticos principalmente”.
Muchos le habían aconsejado lo contrario, revela. “Con buena intención – opina -, creyendo que no debía meterme en ese berenjenal. No desde mi partido. Muchos no querían que me viera complicado en la causa, me trataron de ingenuo, hasta de marciano. Me decían que usualmente, estas cosas se arreglan de otra forma, negociándolas, callándolas, tratando de que pasen desapercibidas. Porque en general, en el mundo de la política se actúa así. Pero yo lo veo muy distinto. Hay que hacer lo que uno considera que es correcto”.
La falta de mérito implica que el Juez entiende a esta altura del procedimiento penal que no hay elementos ni para procesar (lo que sería una declaración de presunta culpabilidad) ni para sobreseer (lo que sería la solución más favorable al imputado, porque significa que es evidente que el delito no está cometido). Así lo explica uno de los abogados defensores del intendente, Luis Leissa. “Esa decisión está basada fundamentalmente en el descargo que hizo el imputado, en el cual expuso fundamentalmente el rol que en un municipio tiene el Presidente municipal – dijo éste -. De acuerdo a la Ley 3001, el intendente – que está en el vértice de la administración – no tiene entre las obligaciones y deberes que estatuye la normativa vigente cuyo presunto incumplimiento hubiere dado lugar a la sustracción de fondos por parte del Tesorero municipal”.
Esa normativa es la Constitución de la provincia de Entre Ríos, la Ley 3001 orgánica de municipios, y la ley 5796, que rige la vida del Tribunal de Cuentas.
“Vale decir, no hay ningún tipo de conexión causal que diga que una presunta omisión de deberes o una falta de cuidado por arte del intendente municipal fueron los motivos determinantes como causa – efecto que permitieron, en forma dolosa por parte del Tesorero municipal, disponer en beneficio propio de fondos que son del erario público”, agregó el letrado.
Existiendo la falta de mérito, los abogados pueden solicitar ahora el sobreseimiento definitivo. “Sinceramente, mi preocupación pasa por otro lado – contradice Irigoyen -. Lo que sí quiero saber es dónde está el dinero, y en ese sentido, he encarado una serie de investigaciones”.
En este punto, se niega a revelar cuáles son éstas. “No, los resultados de lo investigado los he entregado al juez. Sólo puedo decir que él por un lado y nosotros por otro, hemos llegado a casi los mismos puntos, y se sabe ya con bastante claridad qué fue lo que pasó con el dinero”, dice. (Ver recuadro)
Los tiempos procesales indican que en seis meses, el Juez debería estar elevando la causa a juicio. Pero también, el Código le da al magistrado la posibilidad de extender el plazo para terminar con la instrucción, especialmente en vistas de la complejidad de la causa.
En cuanto al sobreseimiento definitivo, no hay un plazo. Pero los abogados podrían solicitarlo en breve. “Sin embargo, nuestro defendido no ha hecho hincapié en eso, sino que nos ha pedido que veamos la forma de investigar qué pasó con el dinero. Él mismo está a disposición para colaborar en lo que sea en ese sentido”, afirmó Jaime Martínez Garbino (H).
Para Leissa, en esta causa, no están en juego asuntos puramente jurídicos. “Está de por medio algo que toca a la comunidad en su conjunto, honras personales, la preocupación del contribuyente acerca de qué pasó con los fondos públicos. En consecuencia, más que pedir su sobreseimiento, lo que le interesa a Irigoyen es seguir la ruta de ese dinero y lograr que vuelva a las arcas municipales, y que se esclarezca la absoluta inocencia de varios”.
