El hecho ocurrido hace casi dos años representó un duro golpe a la imagen de pulcritud que había ganado el gobierno de Irigoyen. A partir de ahora, de este juicio oral y público que se realizará en la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Irigoyen podrá despejar dudas acerca de no haberse quedado con un solo peso de ese desfalco, sin embargo no podrá despojarse de la imagen de un funcionario público poco cuidadoso a la hora de rigurosidad en el manejo de dineros públicos.
INFORME
Según un informe exclusivo que publicó Radio Máxima, Chaia consideró que Giménez sustrajo de manera ilegitima los fondos públicos detallados en 91 hechos, y afirmó que “Pérez e Irigoyen dieron ocasión y facilitaron la comisión de esos hechos al suscribir documentos -cheques y notas de debitos- de manera duplicada e ilegitima”. En cuanto a Pomés, lo acusa de “incumplir sus deberes al no verificar las conciliaciones bancarias y no tener al día los libros de su área”.
Sobre Giménez, afirmó que “resulta suficiente para incriminarlo las pruebas testimoniales, informativas, periciales, y particularmente las fotos del ex tesorero extrayendo el dinero depositado en cuentas bancarias, como también las escuchas de conversaciones telefónicas mantenidas por miembros de la firma TPV hacia adonde giró parte del dinero. “Todas esas pruebas son contestes y prueban que sustrajo el dinero en cuestión”, dijo el fiscal.
En cuanto a Pérez e Irigoyen, consideró que “violaron el deber de cuidado que el caso les imponía creando un riesgo desaprobado que se materializo al momento en que fueron sustraídos los fondos por la ocasión propicia creada por el accionar de estos altos funcionarios del municipio”.
A Irigoyen, le respondió que “su coartada no debe ser considerada toda vez que el mismo Irigoyen, al denunciar, afirma que los cheques cobrados por Giménez fueron firmados y endosados para ser anulados”. También dijo que no está obligado a decir la verdad como imputado, pero esa verdad emerge de lo que ha actuado como máximo responsable político del municipio, esto es al suscribir la denuncia en la cual indica que los cheques debían ser anulados, “que es exactamente lo contrario a lo que afirmo en su carácter de imputado”.
El expediente, que tiene más de 20 cuerpos de 200 fojas cada uno, y una impresionante cantidad de documentación, fue analizado de punta a punta, para concluir que esta causa debe ir a juicio oral para “cerrar definitivamente este capitulo inscripto en la historia de nuestra ciudad”.
El juicio oral y público se realizará en la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrada por los vocales Jorge Torres, Rolando Cirigliano y J. Garibotti, y que tiene al Dr. Dardo Tórtul como fiscal.
El hecho fue denunciado por el intendente Daniel Irigoyen, tras la confesión quebrada de Mariela Watters, empleada del área de Tesorería, el 30 de junio del año 2005. Nadie sabe hasta ahora dónde está el dinero faltante.
El principal imputado, el contador Ángel José Giménez, está en libertad por disposición de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, luego de que el Superior Tribunal dispusiera que se dicte nuevo fallo en torno a la excarcelación. El juez y el fiscal que intervienen en la causa, pensaban que Giménez debía seguir detenido.
Por las maniobras en Tesorería Municipal, la comuna de Gualeguaychú perdió más de 2,6 millones de pesos, cifra que alcanza en promedio a un presupuesto mensual de la Municipalidad.
El monto fue establecido por una auditoría externa realizada en la Municipalidad, tarea que estuvo coordinada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad.
Cuando el juez de Instrucción Roberto Javier Cadenas cerró la investigación, concluyó que sólo el ex tesorero municipal Angel José Giménez fue el responsable de llevarse el dinero.
Cadenas procesó a Giménez por peculado reiterado en más de 90 hechos. En caso de confirmarse ello en el juicio, el ex tesorero podria pasar muchos años en la cárcel. Pero esto dependerá del criterio que tenga la Cámara de Gualeguay. El juicio se realizará cuando ese Tribunal lo disponga.
En la misma causa quedaron procesados el intendente Daniel Irigoyen y el ex secretario de Hacienda Néstor Pérez por malversación culposa (negligencia en el cuidado de los dineros públicos), pero el juez los desprendió de la acusación de haberse llevado el dinero.
La Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, en diciembre pasado, había ordenado a Cadenas que investigara si Irigoyen y Pérez habían tenido alguna acción dolosa, lo que el magistrado desechó. Entiende fundado en las pruebas que hay en la causa, que no hay dolo de estos funcionarios, sino culpa. Por lo tanto la acusación es distinta y la sanción en abstracto es menor. Pero tienen embargos: Pérez por un millón y Daniel Irigoyen por quinientos mil pesos.
Por otra parte, se dictó el sobreseimiento definitivo de Mariela Watters, quien fuera empleada de Tesorería y precisamente denunciara el desfalco. Esta chica es una pieza clave porque ahora podrá declarar como testigo en el juicio oral y publico, dada su cercanía y la forma en que describió como Giménez actuaba.
El intendente Daniel Irigoyen, en su discurso del pasado 8 de marzo ante el Concejo, dijo que el desfalco en Tesorería fue un “desgraciado episodio”, pidió un juicio rápido y aseguró que las cuentas están saneadas.
Dijo Irigoyen: “Aspiramos a que el juicio se inicie cuanto antes y determine responsabilidades, y fundamentalmente podamos recuperar los dineros sustraídos”. Pero el dinero es un bien fungible, es posible y muy fácil de trasladar y si no está en cuentas bancarias, no hay forma de rastrearlo, pese al intenso trabajo de investigación que se ha hecho, lo que incluyo todo tipo de medidas en todo el país, inclusive escuchas telefónicas a cargo de la SIDE.
Jaime Martínez Garbino (h), abogado defensor del intendente Daniel Irigoyen y candidato a viceintendente en las últimas elecciones, ha dicho que el caso Tesorería influyó en el resultado de los comicios en Gualeguaychú, donde Militancia-Nuevo Espacio perdió frente al justicialismo.
“Yo creo que el tema influyó. No quiero quitarle méritos a quien ganó, que por algo ganó, pero no hay ninguna duda de que el tema ha pesado en la sociedad de Gualeguaychú. Acá hay un sector como Militancia Peronista, que gobernó muchos años con la bandera de la honestidad, y luego hubo una confianza que se quebró y no se pudo restablecer. La confianza es como la amistad, uno tiene que regarla todos los días”, dijo Martínez Garbino.
“Creo que fue más importante la actitud que se tuvo después del desfalco, que el desfalco mismo. La gente en general sabe que Daniel Irigoyen no tiene nada que con el desfalco, pero hubo una actitud de no saber explicar, una falta de exposición frente a la sociedad de un tema tan sensible”, agregó.
“Quizás el tema fue no decirle a la gente: señores, no soy culpable, pero soy responsable, no en términos jurídicos, sino en términos políticos”, disparó Martínez Garbino.
A todos los imputados puede caberles la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los investigadores creen que Giménez desviaba fondos municipales hacia diversas cuentas, ya que supuestamente podría haber sido un engranaje de mesas de dinero con epicentro en Buenos Aires.
En sus declaraciones, Giménez que amenazo con prender el ventilador muchas veces, dejó en claro que en la Municipalidad había algunos desordenes administrativos. Pero no pudo explicar -al menos de manera convincente para el juez-, qué ocurrió con el dinero.
El peculado –el robo a las cuentas públicas por parte de quien debe administrarlas- prevé penas de 2 a 10 años, pero en el caso de Giménez, por cada uno de los hechos se le suman diez años. En el juicio oral, pueden quedar todos vinculados o despegar algunos de los imputados.
