Ayer, el titular de la obra social provincial, Silvio Moreira dijo que la voluntad del directorio de la obra social es “instalar esta discusión”. En ese camino, es que se resolvió incrementar el monto de aporte mínimo -pasó de $ 7,41 a $ 17,31- una medida que generó algunos enojos entre los afiliados. “Ahora, es el momento para conseguir que el Estado nos restituya el 2 % de aporte por los afiliados pasivos”, añadió.
Esa restitución le significaría al Iosper un ingreso extra por mes del orden del millón de pesos, una suma mucho más abultada que los 20 mil pesos por mes que conseguirían con el aumento de los aportes mínimos. El tema va a ser planteado en un encuentro que el directorio del Iosper tiene previsto mantener con las autoridades del Ministerio de Economía, la próxima semana.
De todos modos, la demanda contencioso administrativa planteada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sigue su curso, según contó el abogado Marcelo Baridón, que representa los intereses del Iosper. “Hubo gestiones de acercamiento con el ministro Diego Valiero, pero no se avanzó. Pero considero que el camino más adecuado para solucionar esto es por esa vía, y no en la Justicia”, añadió Baridón.
En Tribunales hay un primer cálculo de la deuda que el propio Estado acumuló con la obra social de los empleados públicos, y que asciende a los 45 millones de pesos, “sin contar los intereses ni las actualizaciones de ningún tipo”, dijo a El Diario Moreira.
El recorte de los aportes se produjo al final de la administración del ex gobernador Mario Moine. La Legislatura dictó una Ley de Emergencia que, entre otras medidas, incluía la poda del aporte del Estado. Esa norma, que rigió durante todo el segundo gobierno de Jorge Busti, perdió vigencia aunque sus efectos perduran hasta hoy en el caso del Iosper.
El Iosper se financia con el aporte de 95 mil afiliados directos que se desempeñan en el Estado, que aportan el 3 % de su salario, tanto activos como pasivos. A su vez, el Estado hace su propia contribución: por cada trabajador en actividad, el aporte es del 3 %, y por cada pasivo, del 2 % (hasta 1995 fue del 4 %).
Sin embargo, el reclamo desde la obra social no ha cesado. La conducción sindical que rigió los destinos del Iosper entre 1998 y 2002 efectuó reiterados planteos al Gobierno —hasta llegar a la vía judicial que hoy se tramita— aunque nunca consiguió regularizar esa situación, y ahora le toca al directorio que encabeza Moreira reiterar el reclamo al Gobierno.
