El Estado, a través de la Fiscalía, podría actuar siguiendo dos caminos: por un lado, en resguardo del patrimonio de la obra social, por cuanto las desafiliaciones produjeron una merma en la recaudación y en ese caso podría exigir la devolución de los montos que se dejaron de aportar. O apelar la acordada del STJ (Superior Tribunal de Justicia).
En 2002, una acordada de la máxima autoridad judicial de la provincia planteó la posibilidad de que jueces, funcionarios y empleados de Tribunales puedan dejar de aportar a la obra social provincial. Entre los que se fueron, figura un ex integrante del STJ, y actual convencional constituyente, Miguel Augusto Carlín, y entre otros, también el hoy presidente del STJ, Daniel Omar Carubia, el vicepresidente Germán Carlomagno, el defensor general de Pobres y Menores, Arsenio Francisco Mendoza y la fiscal general Laura Gema Zaccagnini de Gambino.
La pérdida de afiliados fue de poco más de 250 personas en los últimos años, sobre un padrón de casi 250 mil en toda la provincia, en una prestadora que maneja un presupuesto anual del orden de los 170 millones de pesos.
Aunque según dijo el titular de Iosper, “no importa tanto el número, sino el gesto. Si hay una ley que obligatoriamente impone la afiliación a la obra social de todos los empleados del Estado, no se pueden permitir estas situaciones. La ley debe ser pareja para todos”.
En efecto, la Ley Nº 5.480, que es la médula central del Iosper, taxativamente fija en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”, y el artículo 4º sólo exceptúa a los contratados, los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional.
Pero una resolución del Poder Judicial puso en tela de juicio ese andamiaje legal, y abrió la puerta para desafiliaciones en masa.
