En 2017, el Instituto debió pagar $ 226.390.677 en cobertura de leyes especiales, y cerca de $ 125.000.000 en judicialización de la salud, llegando a aproximadamente $ 400.000.000 en todo el año.
Pero en 2018, la obra social pagó, de enero a diciembre, $ 342.545.406 en leyes especiales, y en judicialización de la salud, un total de $ 151.885.267, lo que hace un total de $ 567.447.655. En ese importe también se incluyen medicamentos de alto costo, importados y de uso compasivo, a lo que hay que sumar honorarios y gastos judiciales.
“Las leyes especiales, que no aportan recursos extras para el organismo, y la judicialización, consumen el 15 por ciento del presupuesto de Iosper”, advirtió el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.
También explicó que el Instituto redujo el 40 % de los conflictos judicializados. “La situación que se genera por los amparos que recibe la obra social, cada vez con mayor asiduidad, nos obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. Pero con decisión y responsabilidad, logramos bajar un 40 % los conflictos judicializados”.
