A través de un Pedido de Informes, la legisladora pidió saber si la Obra Social “ha iniciado acciones ante la Fiscalía de Estado o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa del patrimonio público y cuales han sido las respuestas”.
D´Angelo dijo que “en momentos de crisis, es donde se pone a prueba el valor de la solidaridad, porque es cuando se manifiestan con mayor claridad las diferencias entre distintos sectores de la sociedad, tanto en la actividad pública como privada y precisó que “mientras algunos sectores luchan por una pequeña mejora salarial y son exigidos en su productividad, otros parecen velar solo por sus privilegios ”.
A su vez, recordó que “la falta de solidaridad de ese sector comenzó con la desafiliación al IOSPER: “Allí, en nuestra Obra Social, se expresa un profundo sentido de la solidaridad, donde los de mayores ingresos ayudan a financiar la salud de los que menos tienen, que es en definitiva una forma concreta de redistribución y una clara expresión de justicia”.
“Y hoy, cuando se comienzan a sentir con fuerza los efectos de la crisis y la preocupación debiera estar puesta en los sectores más vulnerables, la Asociación de Magistrados sorprende con un pedido de aumento de salarios, de la misma manera que lo han hecho en los últimos tiempos los trabajadores de la salud y la educación, como si la inflación impactara en todos los bolsillos de la misma manera.”
“La desafiliación – recordó- se amparó en una acordada del S.T.J. , y una acordada no puede estar jamás por encima de una Ley, y lo que es “inadmisible” es que quienes deben hacer cumplir y respetar la Ley, la desconocen” utilizando el rebuscado argumento de que el aporte al IOSPER es como un impuesto que afecta la intangibilidad de sus salarios” El mismo argumento que siguen discutiendo para no pagar el Impuesto a las Ganancias. recordó D´Angelo.
Antecedentes
Cabe recordar que en el año 2002 una acordada del Superior Tribunal de Justicia permitió la desafiliación de varios magistrados, entre el presidente del cuerpo, Daniel Carubia, el fiscal Jorge Beades, y el ex vocal y convencional constituyente, Miguel Augusto Carlin a pesar de que la ley 5480, la orgánica del IOSPER, dice en su artículo tercero, que “están obligatoriamente afiliados los funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados” mientras que el artículo cuarto exceptúa a los contratados, los que ocupan cargos electivos o los que forzosamente pertenezcan a un régimen municipal o nacional.
La acordada del tribunal fue objetada por el entonces juez correccional y actual intendente de Paraná, José Carlos Halle, quien cuestionó que el STJ invalidó mediante un acto de superintendencia una norma jerárquica superior como la ley de creación del IOSPER, “violentando nuestro ordenamiento normativo” aunque la sentencia luego fue revocada.
De acuerdo a un informe publicado por El Diario el año pasado, fueron 253 los miembros de la Justicia que se desafiliaron del IOSPER, lo que en base a la cantidad de agentes de la Justicia, representó un 15,81 por ciento del total.
Además, los magistrados tienen el amparo del artículo 110 de la Constitución Nacional que establece que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
