Tras la media sanción que dio ayer la Cámara de Diputados de Entre Ríos de la “Ley Felipe” – que ahora volvió en revisión al Senado – y las declaraciones de la legisladora de Juntos por el Cambio (JxC) Gracia Jaroslavsky – quien instó a que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional de Oncopediatría – el Directorio de Iosper aclaró que “el Instituto cubre la totalidad de los tratamientos de niños y niñas afiliados con enfermedades oncológica”, y remarcó que “no es necesario que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional, porque nuestra Obra Social ya se hace cargo del 100 por ciento de las erogaciones que ocasionan las enfermedades oncológicas”.
Ayer, la legisladora celebró la aprobación de la denominada “Ley Felipe”, que establece una serie de medidas de acompañamiento del Estado a las familias de chicos y chicas que padecen cáncer.
Sin embargo, el Directorio Obrero le hizo saber a la diputada que “Iosper está a la altura de las circunstancias y más, pero también debe saber que no es posible que, además de la asistencia que ya brinda para sus afiliados pediátricos oncológicos, se trate de asistir también a las familias de los afectados”. “Se trata de otro daño profundo al ya vapuleado sistema de salud. Nuevamente se sancionan leyes especiales que comprometen los recursos del sistema de salud solidario, sin decir de dónde se van a sacar los recursos”.
El Directorio Obrero de Iosper recordó que el sistema de salud solidario “está a punto de colapsar, en un precario equilibrio entre sus ingresos y las actuales prestaciones de salud. “La sanción de esta ley, que contempla la asistencia de las familias de los afiliados enfermos, se sumaría a las decenas de otras normas que obligan a la cobertura de tratamientos de elevado costo y, aún fuera de lo que hace a la salud, ordenan también cubrir transporte, comida y educación”.
“Iosper, como todas las obras sociales, está para cubrir la salud de los afiliados, nada tiene que ver el acompañamiento familiar”, dijo el Directorio.
También señaló que, “leyes como estas, son las que, junto con la judicialización de la salud, socavan las bases del sistema solidario”. “Los que avanzan en leyes de esta naturaleza están afectando todos los recursos del sistema solidario de salud que están destinados a la prevención y la atención”, ratificó el Directorio.
