Miguel Ángel Sampietro ya advirtió que para reestablecer prestaciones y mantener un marco de relación con los prestadores de forma duradera no se podrá materializar con el presupuesto actual, de 82 millones de pesos anuales. El interventor tiene previsto elevar un pedido para que el Ministerio de Economía haga una ampliación presupuestaria, aunque todavía no definió de cuánto.
Sabe, de todos modos, que mes a mes el Iosper acumula un déficit financiero del orden de los 500 mil pesos: recauda 5,5 millones y gasta 6 millones de pesos. El decreto 1.788 que lo designó como interventor del Poder Ejecutivo en el Iosper le fijó a Sampietro un plazo de seis meses a su gestión. En ese lapso se hará una nueva convocatoria a elecciones para designar a un nuevo directorio.
El primer paso de Sampietro será “reformular” los convenios con los prestadores: clínicas, médicos y farmacéuticos. “Nuestra idea es llevar adelante un nuevo convenio prestacional. Vamos a tratar de que con los ingresos del Iosper se puedan brindar mejores prestaciones, aunque seguramente vamos a necesitar una ampliación presupuestaria”, dijo Sampietro.
Como el Iosper carece de directorio, ahora la aprobación de los nuevos convenios prestaciones estará en manos del interventor, la Comisión Fiscalizadora (que integraba Sampietro) y la Fiscalía de Estado. Y por eso, Sampietro cree que la normalización en las prestaciones y la firma de nuevos acuerdos se hará en el corto plazo.
Precisamente, Sampietro dijo que la disparidad de orígenes sindicales de los directores desplazados implicaron “desaveniencias” y “disparidad de criterios” que son “respetables” pero que “obstaculizaron el normal desenvolvimiento de la obra social”.
