Mientras tanto, el presidente del Directorio del Iosper, Silvio Moreyra, reiteró que el reclamo de fondo de las clínicas, de un aumento de hasta el 40% en los aranceles, es imposible de cumplir sin comprometer seriamente las arcas de la institución.
Moreira reiteró que en caso de caerse la vinculación contractual entre ambas entidades, de continuar los desacuerdos, se buscará hacer convenios particulares con los propietarios de clínicas entrerrianas.
Por su parte, Mario Elizalde, secretario de Salud de la Provincia, dijo ayer que desde la repartición que dirige se culminó con el trabajo encargado por el Ministerio de Salud, el cual le fue entregado al titular de esta cartera, Ángel Giano. Se trata del estudio de los costos de las prestaciones que brindan los sanatorios, como internaciones e intervenciones quirúrgicas.
“Nosotros, desde la Secretaría de Salud, hemos colaborado con una serie de opiniones y de datos de orden técnico, que se le ha entregado al ministro para que haga una evaluación de la situación con elementos totalmente objetivos y ver si se establece algún tipo de recomendación”, detalló Elizalde.
Consultado sobre el contenido de la recomendación que se haría para zanjar la situación, subrayó que será “imparcial” y en algunos casos avalará los costos exigidos por Acler y en otros no.
“De parte de lo que nosotros hemos ofrecido, hay una especie de propuesta de análisis muy objetivo e imparcial. No toda la razón está de un lado, ni toda la razón está del otro”, detalló.
Mientras tanto, la reunión que se iba a realizar ayer fue postergada para el lunes debido a que el gobernador Sergio Urribarri se encontraba durante la víspera en Buenos Aires (Ver página 4) y no fue posible que el ministro Giano definiera con él los detalles de la propuesta.
Aunque el reclamo de fondo es un incremento del 40%, en lo inmediato los integrantes de Acler exigen un 8% para febrero, que se sume al 12% ya acordado por enero. De esa manera se llegaría al 20% de aumento salarial definido para los empleados de las clínicas.