Según el Tribunal de Cuentas, “de haberse procedido en forma correctiva y equitativa”, la obra social no hubiese tenido que pagar un centavo, sino al contrario, exigir el pago de una suma de más de 32 mil pesos al Colegio de Farmacéuticos.
El desfase financiero que agobia al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se traducirá a fines de mes en un hecho concreto, y antipático: la imposibilidad de hacer frente al pago de salarios al grupo de empleados que revisten en la categoría de contratados. El último día de junio se terminaron las partidas con que contaba el organismo para ese fin, y ahora aguardan un refuerzo presupuestario del Poder Ejecutivo.
La cuestión no parece menor: el 80 por ciento de los médicos auditores que tiene el IOSPER, cuya función es controlar el servicio que brindan los prestadores a los 250 mil afiliados de la obra social provincial, está en la categoría de contratado, según explicó a El Diario el titular del organismo, Silvio Moreira. “Así como estamos, a fin de mes esa gente no va a poder cobrar. Y se trata de un área clave, que nosotros queremos reforzar, para poder determinar si lo que pagamos por prestaciones se paga bien o mal”, afirmó.
Los fiscalizadores (el abogado Ernesto Denis, la funcionaria de Salud Graciela Traverso, y el ex interventor del Iosper Ricardo Rizzo) vienen alertando permanentemente a los directores y gerentes del Iosper respecto de los pasos a dar. “Nos tenemos que manejar con mucha cautela. Por eso, no vamos a hacer ninguna erogación que no esté en el presupuesto, aún cuando eso signifique no pagarle a los auditores. Yo les voy a firmar el contrato, pero no les puedo pagar a los contratados porque me van a hacer una denuncia ante el Tribunal de Cuentas”, dice el titular del IOSPER.
En la obra social provincial aguardan con expectación el pedido de ampliación presupuestaria de 34 millones de pesos cuya autorización ya elevaron al Poder Ejecutivo (de esa forma, el gasto anual subirá de 97 a 131 millones de pesos) ya que de no darse se verían en complicaciones para cumplir con el pago a prestadores en el último trimestre del año.
Mientras aguardan ese refuerzo presupuestario, la conducción de la obra social afila la estrategia legal con la que piensa abrir una investigación en la Justicia sobre el desempeño que tuvieron los interventores que designó el Poder Ejecutivo en el IOSPER entre abril de 2005 y mayo pasado. Los dardos apuntan principalmente a Miguel Ángel Sampietro, ex titular de la comisión fiscalizadora y funcionario del Tribunal de Cuentas.
