La fecha de la consulta, 6 de febrero, se mantiene en pie. En cambio, se retrasará más allá de la fecha fijada, 6 de marzo, el llamado a elecciones. La resolución respondería a un planteo realizado por la junta electoral en base a inconvenientes de naturaleza “operativa”.
“Desde la junta electoral pedimos una prórroga de las elecciones”, confirmó Ernesto Denis. Argumentó que, en base al contenido de los decretos que llaman a consulta y a comicios, “no se pueden llevar a cabo las elecciones si no se tiene el resultado de la consulta a efectos de que los afiliados manifiesten qué tipo de conducción desean para la obra social”. Como había escasos 30 días entre ambos actos electorales, “se torna difícil armar los cronogramas para las dos cosas a la vez”, explicó.
El objetivo de las autoridades es que la consulta sirva para que los afiliados al Instituto defina qué tipo de conducción desean: a) que sea conducido únicamente por los gremios, b) que sea conducido únicamente por el Estado, c) que sea conducido por el Estado con participación de los gremios, y d) otro modelo de obra social.
“Si esperamos a que la consulta se lleve a cabo y tener los resultados, no llegamos a tiempo para, con posterioridad a ese hecho, organizar la elección”, indicó el integrante de la junta electoral. Denis alegó que, tal como se establecieron inicialmente los plazos, “tenemos que organizar los dos hechos a la vez, con lo cual no tendría sentido la consulta”.
Hasta ahora constituye una gran duda la incidencia que tendrá en las decisiones oficiales la convocatoria del 6 de febrero. Es no obligatoria y no vinculante. Frente a cualquiera de los posibles resultados, no es factible afirmar si la Legislatura avanzará con el proyecto que tiene media sanción del Senado que establece otra conformación del directorio para conducir el Instituto.
Hasta ahora, la ley vigente establece que la conducción debe estar en manos de siete directores, cada uno representante de un agrupamiento: empleados de la obra social; municipales; activos del Poder Ejecutivo; activos de los poderes Legislativo y Judicial; pasivos; docentes, activos y retirados de la Policía.
