Entre los puntos más salientes de la presentación que se prepara, se encontrarían el pago de parte del instituto de un millón de peso al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, cuando debería ser la obra social la resarcida por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contraída por los farmacéuticos cuando operó la red de farmacias del organismo.
Por ese hecho, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos emitió un severo dictamen en el que alertó por “una seria falla en los mecanismos de control interno”. El otro aspecto que se cuestiona es haber dejado en manos del Colegio de Farmacéuticos la tarea de auditoría sobre el convenio prestacional, cuando esa tarea debió quedar en manos del IOSPER, según explicó Silvio Moreira, presidente del directorio del organismo a El Diario.
En esa presentación judicial, señaló Moreira, están trabajando tres abogados contratados por la obra social: Julio Rodríguez Signes (representante legal del sindicato de los empleados de la Legislatura), Verónica Fischbach (docentes) y Marcelo Baridón (Asociación Trabajadores del Estado), y se constituiría en una contraofensiva a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo materialice una nueva intervención.
La posibilidad de desafiliación masiva
Sergio Elizar, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), sostuvo sin embargo que ya “hay una intervención de hecho, porque el directorio está pintado”, aunque en caso de que el Gobierno resuelva desplazar al directorio, anticipó que el camino que quedaría sería el de la desafiliación masiva. “Este va a ser uno de los temas fuertes que va a tratar el congreso del sábado, aunque ese camino no se descarta”, planteó.
Una vía similar seguirían los municipales, tal cual lo resolvió ayer una asamblea de delegados en la que también se declaró “persona no grata” a Ariel de la Rosa. Y los judiciales, amparados en una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) van de a poco optando por otras prestadoras de salud.
Temen que se dé un ahogo financiero
El directorio del IOSPER reclamó públicamente al Gobierno la autorización de una ampliación presupuestaria que le permita sortear sin inconvenientes el rojo financiero que arrastra el organismo y que pondría en riesgo las prestaciones médicas a sus 250 mil afiliados.
El pedido de autorización ya fue girado al Gobernador, por cuanto una ampliación presupuestaria sólo se puede dar por ley, y ronda los 34 millones de pesos, según contó Juan Patat, gerente administrativo de la obra social provincial.
Se trata, en realidad, de incorporar a los aportes personales de los afiliados los últimos aumentos salariales otorgados por el Poder Ejecutivo. “Como nuestros afiliados no hacen un aporte en suma fija sino en un porcentaje, al haber incremento de salarios, se incrementa el porcentaje del aporte”, dijo Patat.
Con los fondos con los que cuenta actualmente el IOSPER sólo cubre el movimiento financiero hasta agosto próximo, por lo cual sin ese refuerzo presupuestario en septiembre podría generarse alguna complicación financiera.
