Además, la Legislatura aprobó una reforma a la ley de Discapacidad, que todavía el Poder Ejecutivo no reglamentó, y que obliga a Salud y a la obra social provincial a dar amplia asistencia. La decisión del IOSPER supondrá aumentar la inversión para esos afiliados del orden del 50 por ciento: se pasará de 20 a 30 millones anuales; hasta ahora, buena parte de las coberturas se daban a través de la Justicia.
La razón es simple: existe a nivel nacional una legislación que da amplia cobertura, del 100 por ciento, en discapacidad, tanto en atención ambulatoria como en rehabilitación y prótesis, pero hasta ahora las leyes provinciales que regulan el tema no son suficientemente claras al respecto. Recién el 7 de abril último, la Legislatura sancionó una modificación clave en el texto de la ley Provincial de Discapacidad 9.891.
La nueva redacción impone a la Secretaría de Salud la obligación de brindar “en forma integral las prestaciones para la prevención, habilitación, rehabilitación y tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social con la sola presentación del certificado según norma del artículo 8° de la presente ley”.
