En la reunión, Molina, quien está reemplazando temporalmente al interventor de la obra social provincial, Ricardo Rizzo, interiorizó al primer mandatario sobre el funcionamiento de la junta electoral con vistas a la consulta popular que se realizará el próximo mes para que los afiliados puedan definir el tipo de conducción que desean para el organismo.
En este marco, el delegado aclaró que los afiliados titulares de toda la provincia son aquellos en condiciones de votar. Es decir que, si bien los beneficiarios de la obra social son alrededor de 250.000, quines tienen relación directa con el Estado suman 95.000.
Molina comentó además que para facilitar el acceso de la población a participar de la consulta, se habilitarán dependencias policiales, escuelas y las agencias del instituto.
Dicho esto, mencionó que la cantidad de urnas a distribuir tendrá una relación directamente proporcional a la cantidad de afiliados por localidad.
