La decisión, contenida en la resolución 5.395, del 1º del actual, firmada por el titular del CGE, Felipe Ascúa, y los vocales Alejandro Richardet, Roberto Matteoda, Carlos Suárez y Amalia Homar, por la que se decidió iniciar una información sumaria.
Las consideraciones ponen en la mira la falta de controles en la liquidación de sueldos, que habría derivado en el pago de haberes a personal fallecido o jubilado, la confección de planillas con datos cambiados de los agentes y la doble imputación a una misma persona en diferentes cuentas ingreso, por lo que habría fondos públicos que nadie sabe a qué bolsillo irían efectivamente a parar.
De allí la frase que hace dos meses hiciera pública el propio Ascúa. Cada mes, el Consejo de Educación paga entre 1,5 y 2 millones de pesos en sueldos a personal inexistente, y que las incompatibilidades (docentes que tienen más cargos u horas cátedras que las que por ley les corresponden) alcanzan a un total de 1.600 personas, según datos oficiales.
Eso errores s se producirían debido a que “la base de datos con la que cuenta la Subdirección de Recursos Humanos está desactualizada” lo que “hace imposible determinar si las liquidaciones se corresponden con la situación de revista de cada agente”.
Falta de controles
La “Dirección de Ajustes y Liquidaciones de la Dirección de Personal de la Provincia genera la impresión de los recibos, y con sistema propio el Consejo General de Educación realiza modificaciones que pueden incidir más o en menos en las liquidaciones originales”, a lo que se agrega el hecho de que las “Direcciones Departamentales de Escuelas se atrasan en enviar información, que la envían incompleta, con errores u omisiones que son esenciales para practicar la liquidación”.
Así pues, “se concluye de las entrevistas mantenidas en el primer avance que:
• no se respetan los circuitos administrativos establecidos y vigentes en la recepción de información de novedades para la liquidación de haberes.
• no existen manuales de procedimientos para la tarea de los liquidadores.
• hay falta de control previo y posterior al ingreso de datos del sistema.
• los liquidadores atienden al público al mismo tiempo que realizan la tarea de liquidación.
• en el sistema de liquidaciones no es posible evitar el ingreso de datos que no cumplan con las normativas vigentes.
• la registración de las novedades en los legajos está sujeta a criterio y experiencia de cada liquidador.
• el desorden administrativo vigente excede al área de Liquidaciones, alcanzando a las Direcciones Departamentales y a las distintas instituciones educativas, lo que podría dar lugar a la existencia de diferencias entre la liquidación practicada y abonada con la que realmente correspondería”.
Por otro lado, la auditoría reveló que:
• “se continúa liquidando (sueldos) a agentes fallecidos”.
• “no se actualiza la situación de los agentes y que las cuentas ingreso permanecen inactivas”.
• “se continúa liquidando y acreditando haberes a agentes luego de la fecha de su jubilación”.
• “la falta de control al realizar las liquidaciones y al armar el archivo de acreditación que se envía al Banco, hace posible la inclusión de agentes con números de documento equivocados, que generan la apertura de nuevas cuentas ingreso para esos documentos erróneos, que la falta de controles posteriores permite que se continúe liquidando y acreditando a más de una cuenta ingreso por agente, que se liquide a un agente y que se acredite a la cuenta de otro”.
