En un contexto en que las fuerzas policiales de varias provincias están bajo la lupa por la comisión organizada de hechos delictivos, en Entre Ríos el debate se posa sobre la vida privada de los funcionarios de las fuerzas de seguridad, y cómo el insuficiente control o seguimiento por parte del Estado que otorga a estas personas un poder de violencia superior al de la mayoría, puede tener resultados severamente graves para su entorno.
El reciente caso de Fabio Casas, un funcionario de la Guardia Especial de Infantería de la Jefatura Departamental de Policía, que asesinó de un tiro en la cabeza a su pareja, una niña-madre de 15 años, con la que convivía desde que tenía 12, volvió a abrir el debate hace pocos meses, y cuando ya el tema se dejaba de discutir, un nuevo caso alerta a la opinión publica.
Este fin de semana la policía allanó la vivienda del suboficial Lucas Sastre, por orden del Fiscal Mario Guerrero, quien recibió del Juzgado de Menores y Familia Nº 2 un pedido de actuación ante el surgimiento en una causa por violencia familiar, de elementos relacionado con otros hechos delictivos.
Según ese exhorto, la denunciante, pareja del funcionario policial, había señalado que el hombre, que se encuentra expulsado de su hogar por 180 días, poseía armas de fuego en la vivienda.
Desde ese juzgado, solo se aclaró que se trata de una medida que se toma por regla general, siempre que hay una situación de este tipo. En un contexto de violencia, las armas nunca ayudan.
En ese sentido, se puede decir que el accionar de la justicia en este caso fue preventivo, ya que si bien no previno la violencia domestica, posiblemente haya evitado un delito mayor.
De acuerdo con los datos a los que pudo acceder DIARIOJUNIO, los informes técnicos que integran el caso de Violencia Familiar, destacan un grave caso de violencia, con situaciones muy severas a las que la victima estuvo expuesta.
En este sentido, las organizaciones de género vienen hace décadas sosteniendo la necesidad de llamar a las cosas por su nombre y hablar de femicidio, o feminicidio, cuando una mujer muere a causa de la violencia de género. Esto es, cuando una situación de violencia que se da de forma periódica, se ignora o se naturaliza, hasta que un día deviene en la muerte de la victima.
En el allanamiento efectuado en la vivienda, la policía incautó; Un Mauser 7,65, una pistola Glock 9mm y un rifle calibre 22 (con una estética similar a una ametralladora), explosivos, (Trotil, granadas) detonadores, y gran cantidad de municiones 9mm, 7,65 y balas anti-tumulto. En el allanamiento no fue encontrada la pistola reglamentaria, aunque se señala desde la fiscalía que el funcionario la había extraviado hace tiempo.
El funcionario en cuestión, se desempeña actualmente en la división de Toxicología y según señaló el Jefe Departamental de Policía, Lucio Villalba, “actualmente está de licencia ordinaria”.
Antes de desempeñarse en esta división, Sastre estaba a cargo del área de prensa de la Jefatura Policial, desde donde había incorporado a las clásicas gacetillas policiales, una línea editorial, claramente reñida con los parámetros establecidos por el INADI. Además de administraba un perfil de Facebook, de la Jefatura de Policía, en el que se publicaban anuncios publicitarios de las pistolas eléctricas Taser, que ya fueron prohibidas cuando Macri intentó dotar de éstas a la Policía Metropolitana en Capital Federal.
Al respecto el Jefe de Policía de Concordia Lucio Villalba, señaló que “estas publicaciones no expresan en nada el sentir de la fuerza” y señaló que dispondría el cierre de ese perfil de Factbook, cuyo contenido desconocía.
Asimismo, Villalba precisó que Sastre había sido trasladado del área de prensa porque se trata de un personal armado, y “desde que me hice cargo de la jefatura tomé la política de mandar a la calle a los funcionarios que portan armas para cubrir las demandas de seguridad”
Según precisó el Fiscal Mario Guerrero, la causa investigación recién comienza y posiblemente deba quedar en manos del Juzgado Federal conforme lo establece el artículo 189 bis. Del código Penal Argentino.
Además, aclaró que “se han ordenado pericias para determinar el poder destructivo de los explosivos, si las granadas estaba activadas y demás”, y se espera que la presentación de Sastre quien manifestó que tenía autorizaciones para la tenencia de las armas secuestradas.
Antecedentes
Sotelo: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=42402
Ramón David Sotelo, fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, por el asesinato de la remisera Marta Cabral y el sargento de policía Pablo Barreto, perpetrados en la madrugada del 6 de septiembre del año 2009. Esa noche, Sotelo asesinó con su pistola reglamentaria a la remisera dentro del automóvil, luego el sargento que estaba de guardia en la parroquia de la virgen de Fátima, y finalmente se tiroteó con el personal policial que intentaba capturarlo.
Casas: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?di=0&ed=1&no=56038
El 28 de julio pasado fue asesinada de un tiro en la cabeza una joven de apenas 15 años por su pareja, un sargento de la policía de 40 años que convivía con ella y tenían un hijo de un año. La causa judicial quedó en manos del fiscal Mario Guerrero, y el policía identificado como Fabián Casas, fue detenido. En una audiencia celebrada a pedido del Jefe de Policía de Provincia, un alto mando de la policía entrerriana se declaraba incapaz de garantizar la custodia del funcionario detenido, alegando su alto grado de entrenamiento y los fuertes vínculos de camaradería que sus compañeros.
Casas llevaba prácticamente toda su vida adulta conviviendo con niñas a las que desposaba desde los 12 años, y luego abandonaba cuando alcanzaban la mayoría de edad. Y desde la fuerza la respuesta que se dio al caso fue que el funcionario era muy reservado y nadie conocía nada acerca de su vida privada. “Ni siquiera comento que había nacido su hijo”.
Imbelloni: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=51927
El 26 de setiembre de 2012 fue condenado el ex Cabo de la Policía de Entre Ríos, Eduardo Adrian Imbelloni, hallado por el tribunal; autor material y penalmente responsable del delito de hurto, por el hecho ocurrido el 23 de septiembre del año pasado, cuando fue visto por uno de sus compañeros salir de la central de policía con una Ametralladora en la mochila, y luego de constatar que la misma faltaba des dependencias del Guardia Especial de la Jefatura (ex G.I.A) fue sumariado y denunciado penalmente. Imbelloni deberá cumplir ahora 2 años de prisión condicional, y 4 años de inhabilitación especial. Además claro de ser expulsado de la fuerza.
Almada
Según precisó el fiscal Mario Guerrero a DIARIOJUNIO, existe otro caso que no tuvo trascendencia pública, de un funcionario, Denis Almada, que alquilaba la pistola reglamentaria, llegó incluso a empeñarla, por lo que fue condenado por la Cámara Penal, separado de la fuerza e inhabilitado par ocupar cargos públicos.
