El denunciante recurrió a la Justicia, que ayer notificó al gobernador, con copia al vicegobernador, cansado de no obtener respuestas a su pedido de trabajo. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo tiene 15 días para responder al pedido del defensor y evitar así un amparo.
“Hoy empezamos con las intimaciones”, dijo a Recintonet el defensor Silva Velazco. Aclaró que las normativas que se consideran en este caso, son, en primer término las nacionales y los tratados internacionales y finalmente la Ley Nº 9.891 que adhierea la ley nacional, pero que aún no ha sido reglamentado por lo que no resulta operativa. Además se contemplan los artículos 14 bis de la Constitución nacional y el 21 de la Constitución reformada de Entre Ríos.
“Hay herramientas vacilares, lo que convierte al discapacitado en un acreedor del Estado” para el empleo, apuntó el defensor, que vinculó esta situación con la que atraviesan ex combatientes de Malvinas que también pugnan por ser beneficiados con un cupo para ingresar al Estado.
Silva Velazco precisó que la intimación al gobernador se realiza “en primer lugar porque es el administrador general de la Provincia” y en función de ello, en el requerimiento que se le formula, le solicita que “coordine, ya que posee bajo su autoridad todos los ministerios, secretarías y demás organismos, todas las acciones para responder a la demanda” del hipoacúsico. También pidió que, hasta tanto se responda de manera efectiva el planteo, el demandante sea subsidiado.
De la intimación cursó copia a la presidenta de la Nación, a la ministra de Desarrollo Social y al titular de la secretaría de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, “porque son garantes de los convenios que firmó Argentina” argumentó el abogado que dijo además que no contestar este pedido “sería no querer ver, porque sabemos que la ley está obligando a dar este empleo”.
Se trata de un caso que generará jurisprudencia en el ámbito de los reclamos que llevan adelante por la vía administrativa aspirantes a obtener empleos en la administración pública.
Además el demandante no logró que en el CGE lo atendieran y, cuando lo hicieron, le indicaron que era inviable su pedido frente a la racionalización que afrontaba el Estado por la crisis económica.
