Todos, o casi todos los sectores internos de la UCR están de acuerdo con que la conducción del radicalismo de Concordia, o parte de ella, viene hace un buen tiempo protagonizando una serie de hechos al menos políticamente incorrectos, cuando no rayanos con la ilegalidad o directamente contrarios a las normas que rigen la vida del partido y, por cierto, difíciles de descifrar fuera de la interna local. Por caso, algunos dirigentes radicales de Concordia sin trascendencia provincial y prácticamente ignotos para esta otra costa de la provincia, fueron noticia el año pasado por haber adherido a la candidatura presidencial de Carlos Menem y, hace poco, por haber declarado personas no gratas a dirigentes históricos de esa ciudad.
Pero las diferencias están en el alcance de la medida adoptada anoche por el Comité Provincial, que comprende a tres órganos diferentes: el Plenario del Departamento (órgano deliberativo, equiparable al congreso provincial partidario), el Comité Departamental y el Comité Ciudad, ambos órganos ejecutivos.
La objeción del Frente Social, que como minoría de la actual conducción votó en disidencia, es que la intervención vaya más allá del Plenario (sindicado como el autor de las resoluciones más controvertidas) para abarcar también al Comité Departamental, presidido por uno de sus hombres, Oscar Merlo.
Ausencia de explicaciones
Pero la cuestión es un poco más compleja de lo que parece, al punto tal que anoche no se encontraba un dirigente que, desde el oficialismo partidario saliera a brindar precisiones de la resolución y mucho menos a explicar su fundamentación política; y en la oposición no se terminaban de entender las razones de la medida adoptada por quienes serán sus competidores en la próxima interna del 7 de noviembre.
Consultado el presidente del partido, Arturo Vera, se mostró reticente a brindar información sobre una medida que, explicó, recién se empieza a poner en práctica. “No quiero anticipar el mecanismo para dar solución al problema”, dijo Vera cuando se le preguntó si la intención era conformar una comisión que integre a Merlo junto con dirigentes históricos de la UCR de Concordia como el diputado Horacio Giorgio, el ex diputado nacional Alcides López, el ex secretario de Salud, Alberto Rotman y el ex diputado provincial Adolfo Lafourcade. “Con todos ellos hay que hablar, no hay nada resuelto”, se excusó también el secretario del Comité, Miguel Rettore, sin antes aclarar que la medida fue avalada por más de doscientas firmas de Concordia.
Con todo, Vera confirmó lo que se comentaba como una de las objeciones más importantes hacia el Plenario departamental: haber adoptado una decisión que por carta orgánica es atribución del Comité Provincial, como cancelar todas las afiliaciones y disponer un plazo para la reafiliación que, para más males, “venció hace dos días”, de modo tal que, por ejemplo, todos los dirigentes nombrados más arriba quedaban en teoría desafiliados y no podían participar de la elección.
Además ,explicó Vera, dispusieron “expulsiones sin formar causa”, lo que es lo mismo que decir, de modo ilegal.
Por ahora, las objeciones apuntaron a la medida en sí: “Las decisiones del Plenario adoptadas fuera de sus atribuciones no tienen validez, no hace falta la intervención, la elección se hace con el padrón que manda el Comité Provincial y punto”, marcó el diputado Eduardo Solari, del Frente Social.
