Ayer, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, confirmó la decisión. La intención del oficialismo es poder tratar estos proyectos antes del recambio de legisladores del 10 de diciembre. Randazzo, que llevó adelante la elaboración de la iniciativa luego de la ronda de consultas a los partidos, precisó a este diario un detalle novedoso: que la obligatoriedad para las elecciones internas abiertas y simultáneas es tanto para los votantes como “cualquiera que aspire a ocupar un cargo nacional electivo”, aun para los partidos que presenten una lista única. “Si un partido tiene un solo precandidato, igual tiene que presentarse a la elección para tener un piso de votos que lo avale”, explicó el ministro. También estimó que ese piso podría ser fijado en un 3 por ciento del padrón, como ocurre actualmente en Santa Fe.
Los fundamentos de poner un piso de votos en las internas como condición para que un candidato pueda presentarse a la elección general se sostienen en la conveniencia de fortalecer los partidos políticos y empezar a desandar el camino de su atomización posterior a la crisis de 2001. Randazzo lo explicó así: “Aspiramos a que los partidos políticos puedan volver a fortalecerse. Han perdido credibilidad y la sociedad está mucho más atomizada en los últimos años, con una cultura individualista”.
El ministro sostuvo también que “ante las críticas de que muchas veces los candidatos se deciden entre gallos y medianoche, este proyecto responde a todo lo contrario; que participe el pueblo en primarias, y que esa decisión no quede sólo en manos de afiliados a los partidos”.
Randazzo negó que el proyecto tienda a beneficiar la candidatura de Néstor Kirchner, como señalaron desde la oposición. “Eso no admite ningún análisis. Hoy podríamos por la mayoría que tenemos entre los congresales del PJ ungirlo a Kirchner como candidato del peronismo, pero la verdad es que no nos parece que ése sea el camino”, señaló.
Con respecto al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, el ministro aseguró que el proyecto apunta a que “en el gasto de la publicidad audiovisual se puedan tener criterios de equidad y transparencia”. Esos espacios de publicidad –explicó– “serán otorgados por el Estado”, y precisó que “la asignación sería 50 por ciento igual para todos los partidos y el otro 50 por ciento de acuerdo con la cantidad de votos que sacaron en la última elección”.
Fuente: Página 12
