Por otra parte se informó que si bien los desencriptadores son provistos a la DGR como parte del paquete informático con el que opera, éstos deben estar almacenados en bóvedas de seguridad de acuerdo a protocolos que establecen claramente quién y cómo debe manejarlos. Hasta el momento se desconoce si existe relación entre el intento de estafa y la aparición de estos programas.
Cabe recordar que esta irregularidad tuvo origen el pasado 23 de marzo, cuando se intentó acreditar un pago de Ingresos Brutos (2.662,12 pesos) y dos pagos de Profesiones Liberales (1.662,54 y 47,39 pesos) sin que se hubieran abonado las sumas correspondientes.
Según consta en el expediente, el titular de la DGR, Aurelio Miraglio, se enteró del intento de estafa el 30 de marzo, cuando se detectó la falla de caja y supo de la existencia de desencriptadores en manos de personas no autorizadas el 5 de abril. Hasta el momento, por el primer hecho renunció el director de Informática de la DGR, Daniel Rollero; mientras que por el segundo no se establecieron todavía responsabilidades.