Además inquiere las instrucciones que impartió el Ejecutivo a los Procuradores Fiscales para percibir el crédito e informe sobre la existencia de medidas cautelares en contra del IAPV, y en caso de haber sido levantadas, indique los motivos de tal decisión.
El juicio fue entablado a fines de 1999, a pocos días de haber asumido Orduna como intendente, contra el IAPV debido a deudas contraídas por viviendas construidas cuya escritura no había sido extendida a sus moradores. El juicio, según los concejales, reclamaba en principio $ 2.500.000, pero con dos sentencias favorables, en primera instancia, en la Cámara y en el Superior Tribunal de Justicia, la suma a reclamar ronda los $ 4.000.000. Orduna, el último día de su gestión, embargó las cuentas del IAPV, pero una de las primeras disposiciones de Cresto fue desactivar esa medida.
“Por otro lado, aquí se han regulado honorarios muy importantes. Nosotros creemos que todo este tipo de acciones siempre termina pagando el pueblo. Si el estado cumpliese con sus obligaciones, se evitarían los juicios y no habría montos para abonarles a los abogados” expresó Wdowiak.
El concejal Ricardo Larocca expresó su opinión sobre el tema. “Los profesionales van a reclamar sus honorarios, no creo que lo dejen a un costado. Acá hay $ 400.000 de honorarios regulados para los profesionales que intervinieron, tanto del municipio como del IAPV. Nosotros no queremos que de esto solo cobren los abogados, si bien tienen su derecho, pero si hay un resultado favorable al municipio, éste va a tener que cobrarlo”. Larocca no supo responder quienes son los abogados que trabajaron en el tema. “Eso va a informar el Ejecutivo, detalladamente” indicó.
En cuanto a la desactivación del embargo, Wdowiak aseguró que los abogados de la provincia invocaron una ley que declara inembargables las cuentas de la provincia hasta que haya pasado un año con la sentencia firme. “Yo no sé porque los abogados se opusieron a la medida porque a mi entender es inconstitucional. Queremos saber si tuvieron ordenes específicas del Ejecutivo para no hacer ese planteamiento” agregó el edil.
Un concejal de la oposición se sinceraba, fuera de micrófonos, sobre el tema. “No queremos que esto se convierta en moneda de cambio. No vaya a ser cosa que la Provincia mañana anuncie que se van a construir 1000 viviendas en Concordia a cambio de que el municipio deje de lado la acreencia, por ejemplo. Que las cosas se hagan como corresponde”.
