“Integración” dejó claro que no admite las alusiones del gobernador a los debates internos de AGMER. “Este tipo de práctica política de expresiones mediática que intentan desviar el centro de atención de los reales motivos conflicto en nada modifica el profundo malestar docente que no tiene respuestas del gobierno desde hace mucho tiempo”, dice el documento.
“Actitudes de esta naturaleza solo incentivan a la docencia entrerriana a endurecer los posicionamientos que hasta ahora no han tenido respuesta, encarando con un duro plan de acción”, advirtieron.
Por lo tanto, demandaron una convocatoria inmediata para tratar los reclamos de los trabajadores de la educación referentes a: recomposición salarial, la cual se ajuste en sus criterios sobre la base de la propuesta 1 de la Comisión de Salario y Nomenclador, que establece: todo aumento debe ir al básico, congelamiento del adicional para mínimo, modificación gradual del nomenclador vigente elevando a los cargos más rezagados, vinculación del salario con la jornada laboral real en que se desempeña el docente de acuerdo al cargo que posee.
Además, reclaman la revisión de los criterios vigentes para la categorización de escuelas y categorización de escuelas de Educación Especial y de Adultos, la actualización del Código por Traslado Docente (Código 029), reformulando el tope de 60 km y logrando cubrir los costos reales, la devolución de los días descontados, el aumento de las partidas presupuestarias para comedores, condiciones edilicias adecuadas para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje escolar.
En referencia a la ley de jubilaciones y el incentivo para jubilados exigieron la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos dentro del ámbito de la provincia.
“Nos oponemos terminantemente a cualquier intento inconsulto de reforma de la Ley 8732, Régimen Previsional de la provincia de Entre Ríos, mucho nos ha costado a los entrerrianos lograr esta ley y no permitiremos que algún funcionario la modifique por problemas de caja”, señala el documento.
Más allá de contar en la provincia con un sistema jubilatorio que contempla la movilidad jubilatoria y el 82 %, el gobierno tendrá que administrarse dentro de la legalidad. “Esto implica el blanqueo total (la legalización total) de los sueldos de los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos, ya sea que los fondos para estos sueldos provengan de la provincia o de la nación (como es el caso del incentivo docente)”.
Lo mencionado precedentemente tiene relación con el Convenio de armonización firmado en el año 2004. “Desde entonces se habla de adecuar los diferentes sistemas previsionales. Desde Integración nos oponemos a la posibilidad de una armonización negativa, que represente pérdida de derechos de los trabajadores de la educación y de cualquier otro trabajador de la provincia”.
