“Con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, y la secretaria general del Ministerio, Lucila Haidar, hemos visto la posibilidad de comenzar a darle una solución definitiva a la problemática del uso de celulares en las cárceles y, consecuentemente, al intento de ingreso por distintos medios de equipos y todo lo relacionado con ellos, como chips, cargadores, etc.”, señaló Pascual.
La idea es eliminar los delitos que se comenten con los celulares desde las cárceles, que se vienen denunciando desde hace varios años, como los secuestros virtuales y algunos intentos de estafa, entre otros.
El funcionario del Servicio Penitenciario advirtió que “si bien se ha profundizado la requisa, aún así seguimos encontrando estos aparatos en distinta unidades penales, por lo que hemos decidido avanzar en otro tipo de solución”. En ese sentido, dijo que se analizó “como conveniente la colocación de estos inhibidores de celulares”.
Si embargo, aclaró que la colocación de estos inhibidores implicará “un trabajo de mucho cuidado y unidad por unidad, dado que todas las edificaciones son distintas. Los inhibidores trabajan con ondas horizontales, no verticales; hay unidades que tienen planta baja y tres pisos; algunas que son planta baja únicamente. Además, hay pabellones que están pegados a los muros de contención, por lo que son muchas más cercanas a los vecinos o a las áreas de tránsito comunes de la gente, y hay que buscar la forma de no afectar esos espacios”.
“También hay otras unidades penales, como la de Gualeguaychú o la Nº 1 de Paraná, donde hay una edificación central rodeada de un perímetro de terrenos institucional que por ahí permitirá un mejor manejo en este aspecto. Cada unidad penal es muy particular y va a haber que trabajar en ese sentido”, acotó.
Explicó que “estos inhibidores impiden las comunicaciones desde celulares y los mensajes. Es decir todo lo que es la señal telefónica por celular, no así las líneas fijas permanentes de teléfonos públicos que tienen la unidades penales”.
En cuanto al estado de la tramitación para adquirirlos, Pascual comentó que “estamos trabajando en el abordaje y en la compra de los equipos. Vamos a ir comprándolos por unidad penal, instalándolos y haciendo un estudio de cuáles son los efectos que surgen, qué logramos, si es beneficioso; y si es posible, continuar adelante con este proyecto”.
Precisó que el costo por unidad ronda los 2.500 pesos cada equipo. “Estamos hablando de nueve unidades penales, pero según las características de cada una vamos a tener un costo aproximado de 12.000 a 15.000 pesos de acuerdo a la cantidad de equipos que se requieren”.
Por último, indicó que “estamos en el proceso administrativo de adquisición. En principio se comprarán algunos equipos mediante concurso de precios para hacer una prueba y ver el efecto que tenemos. Vamos a hacer una instalación a modo de prueba inicial y posteriormente continuaremos avanzando. Para fin de año vamos a estar probándolo en alguna unidad penal”.
