Cuando todavía se mantenían los acalorados reclamos, una indignada Lucy Grimalt manifestaba a DIARIO JUNIO que tal determinación era claramente inconstitucional, “Yo no sé que quiere Cresto para Concordia, ¿vivir como en la época de la dictadura?”, se preguntaba. Destacando que “los ciudadanos en la Argentina somos libres de circular y expresar nuestras ideas en los distintos espacios públicos”.
Por su parte, José Iparraguirre dijo que habría que esperar una posible ractificación por parte de las autoridades municipales, por que de lo contrario evaluaban tomar alguna medida judicial “como por ejemplo ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo”.
Finalmente llegó la cordura y una vez que el hecho llegó a oídos del intendente, las actas labradas quedaron como anécdota de un hecho (al menos) insólito.
