El nuevo interventor que asumió ayer, Ricardo Rizzo, dice que como primera medida pedirá conocer el estado económico financiero de la obra social, aunque adelantó que buscará la forma de “mejorar los aportes”. El propio gobernador Jorge Busti, en su mensaje del viernes último ante la Asamblea Legislativa, sostuvo que que “está claro que se necesita rever los recursos”.
El IOSPER, la mayor prestadora de salud de la provincia, con un padrón de 240 mil beneficiarios, se maneja con un presupuesto anual del orden de los 82 millones de pesos, pero esa cifra no alcanza a cubrir todos los costos, y por eso mantiene un rojo mensual que se ubica en cerca de 1 millón de pesos.
Según un documento que diagnostica la situación por la que atraviesa la obra social, “el Iosper, invierte en la salud de los afiliados más dinero del que ingresa cada mes, producto de la falta de convenios, de las derivaciones de alta complejidad y/o decisiones judiciales que obligan a la obra social a brindar prestaciones en centros de asistencia médica con los cuales no se posee convenios, que implican erogaciones muy importantes, haciendo imprevisible el gasto y poniendo en riesgo todo el sistema prestacional, de por sí precario por todo lo antes dicho”.
Nuevas autoridades
Ayer, no bien asumió su puesto de interventor interino, Rizzo dijo que el desfase presupuestario que arrastra mensualmente el Iosper es uno de los temas que más le preocupa. “Se ha producido un enorme desfase económico, más allá de la devaluación, pero con esto no digo que esté promoviendo un aumento de aporte, ni tampoco lo voy a promover, porque eso requiere de una amplia discusión. Pero sí digo que el Iosper cuenta con uno de los aportes más bajos de toda Argentina”, planteó el funcionario.
En realidad, no bien asumió Sampietro la intervención, en abril último, planteó como condición sine qua non para avanzar en la normalización de las prestaciones que el Ejecutivo autorizara una ampliación presupuestaria y que además, sin modificar el porcentaje de aporte (hoy del 3 % en el caso de los activos, del 4 % el aporte patronal del Estado por los activos, y del 2 % por los activos), se pensara en elevar el piso mínimo, de $ 7,41. El pedido, que ya fue elevado al Gobierno por Sampietro, espera todavía una definición del Ejecutivo. La idea, tal cual trascendió, sería fijar el aporte mínimo en alrededor de los 20 pesos, con lo cual un cuarto de los afiliados titulares deberían hacer un aporte extra de su bolsillo para sostener a la obra social.
De acuerdo al informe que el organismo elevó al Poder Ejecutivo, a modo de balance y estado de situación, los actuales aportes “transformaron a la obra social en un sistema de cobertura para los casos de alto costo y bajo impacto. Dicho de otra manera, los afiliados que están conformes con los servicios son aquellos que presentan una patología donde su tratamiento es muy caro (menos del 5 % de la población asistida). Esto lleva a decir que un porcentaje muy alto de nuestros ingresos esta destinado para los servicios de un grupo muy pequeño de la población asistida”.
En ese orden de ideas, sostiene que “independientemente de trabajar en hacer más eficiente el gasto, es imperioso meditar y accionar en el sentido de revisar el piso de aportes”.
Nuevos convenios
Pero a eso, la intervención añadió la necesidad de reformular nuevos convenios prestacionales con las tres cámaras más importantes, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler); la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos.
Con Acler, entidad con la cual ya se firmó una primera carta-intención, se va a establecer un convenio “modulado con una estricta categorización de los prestadores”, lo cual significa que “se pagará a cada sanatorio de acuerdo a la complejidad con la que cuente, para lo que se establecerán cuatro categorías; además se transparentarán los honorarios médicos, que por primera vez se abonarán directamente a la entidad que los representa”, para lo cual la inversión mensual será de 1,6 millones de pesos.
Con los médicos, a quienes se les pagará un monto de 600 mil al mes, ya no habrá cupos de órdenes, de 43 mil mensuales como las que existían en el convenio firmado en 2004. “No pondremos límites a la consulta. El límite va a estar impuesto por el tipo de tratamiento, de modo que no se gaste inútilmente. A partir de esta reformulación de los convenios, un médico que atiende un paciente diabético, tendrá que responder por la eficaz evolución de ese paciente, para lo cual deberá elaborar un estricto control y seguimiento. Lo mismo sucederá con cada una de las patologías específicas”.
Respecto del Colegio de Farmacéuticos, la idea es que haya una parte del convenio “capitado”, que es el plan ambulatorio. Pero en el caso de los planes especiales, habrá un seguimiento constante, para lo cual se hará un reempadronamiento de todos esos afiliados. De ese modo, se pretende “bajar” la inversión de 2 millones de pesos mensuales en un 15 %, por lo menos.
