El pedido había sido hecho en agosto último, pero como fue rechazado, se inició un recurso de amparo que fue acogido favorablemente por el juez Roberto Parajón. El magistrado ordenó, en una sentencia que se conoció el 19 del actual, que el Estado le otorgue un empleo remunerado, y le otorgó 30 días para resolver la cuestión.
Sin embargo, el Gobierno resolvió apelar el fallo. Según explicó la adjunta de la Fiscalía de Estado, Rosa Alvez Pinheiro de Acebal, el amparo “no era la vía y se interpretó erróneamente la normativa”. Y aseveró que “de ninguna manera están cerradas las puertas de la Administración para las personas con capacidades especiales porque no es la política del Estado provincial dejarlas desamparadas”.
Pinheiro de Acebal lamentó el hecho de “que se haya judicializado este tema. No es una injusticia por parte del Estado; al contrario, es de justicia porque hay una normativa que nos respalda”. Y juzgó como “un error de táctica por parte del abogado que llevó a hacer esta acción”, y explicó que “se invocó la Ley Nacional que no fue sujeta a una adhesión absoluta por parte de provincia de Entre Ríos porque tiene una ley provincial de protección de las personas con capacidades especiales”.
En el mismo sentido se expresó el titular de la Dirección general de Intendentes y Servicios de la Gobernación, Ricardo Remedi, quien negó que el Gobierno esté obligado por ley a suministrar cupos de cargos a personas discapacitados por cuanto la ley que se invoca no está reglamentada.
“Es importantísimo que una persona discapacitada sea nombrada, y esa no es una postura mía, sino del gobernador Jorge Busti, del vicegobernador Pedro Guastavino, y de la titular del Instituto de Discapacidad, Cristina Cremer. Pero acá se invoca una ley que no está reglamentada, por lo tanto no está vigente, por lo tanto legalmente no hay derecho a ningún cupo ni a nada”, sostuvo el funcionario.
