Siembra vientos y cosecharás tempestades
En el año 2002, en nuestra ciudad, el 80% de los menores de 24 años era pobre. El 50% de ellos era indigente, con un 20,4% general de desocupación y, en esa franja etaria, se duplicaba. El correlato entre el llamado coeficiente GINI (indicador que representa la desigualdad en la distribución del ingreso y la cantidad de delitos) llegaba al 90%.
En esos años los sectores sociales más holgados enrejaba sus casas, se aislaban y muchos de ellos no tenían contacto con lo real. El negocio de las empresas de seguridad adquiría una magnitud tal que se llegaba a colocar cinco alarmas diarias con monitoreos centrales y a emplear más de un centenar y medio de personas para la vigilancia privada. El 15% de las familias concordienses poseían armas entre registradas y no registradas. Cuatro mil familias vivían en los asentamientos irregulares debido a los desaciertos terribles en materia económica que los expulsaban por no poder pagar alquileres. En ese año se registró una cifra cercana a los 3000 mil delitos contra la propiedad y las personas, con un grado de violencia inusual para nuestra ciudad y dentro de un gravísimo cuadro de exclusión social.
Seguridad e indicadores sociales
En los últimos años, por causa de la inseguridad, se aprobaron muchas reformas al sistema penal, en la mayoría de los casos tendientes a aumentar las penas a ciertas modalidades delictivas y, en otras, a incorporar nuevas restricciones a derechos tradicionalmente reconocidos, como la libertad condicional del artículo 13 del Código Penal. Siempre con la idea de que el endurecimiento de las penas contribuye a disminuir el delito y recuperar la racional convivencia de los ciudadanos.
La realidad hoy, en nuestra ciudad, ha revelado que para combatir la inseguridad la condición suficiente sólo podrá llegar cuando las causas haya sido aliviadas.
La inseguridad no se resuelve entre garantistas y mano dura, sino con una construcción política, económica y social diferente a las conocidas que empobrecieron masivamente a la gente.
No cabe dudas que el problema de la inseguridad es inescindible de los indicadores sociales y económicos: la baja a la mitad en desocupación y subocupación, el descenso del 30% en pobreza e indigencia y una política de viviendas que ayuda a la urbanización, se refleja en el mapa delictivo.
Desde marzo a julio del 2006, de acuerdo a los informes mensuales de delitos en la ciudad de Concordia, la tasa delictiva ha sido a razón de 4,2 delitos diarios (Si la tendencia se mantiene estable la cantidad de delitos en el año alcanzaría una cifra estimada en 1500, es decir, la mitad que en 2002), con una particularidad que difiere de hace cuatro años atrás: en los hechos delictivos no hay violencia física contra las personas, no hay apremios ilegales y no existen bandas organizadas para delinquir.
“Podemos levantar la bandera de la seguridad en Concordia”
El jefe Departamental de Policía, Faustino Pereyra manifestó a DEBATE Y OPINIÓN que “debemos reconocer que la mejora en los indicadores sociales, y un acertado trabajo en equipo con las comisarías, ha hecho disminuir considerablemente los delitos en la ciudad, estos bajan mes a mes en forma progresiva”. Pereyra también expresó que la “población vive una situación de tranquilidad y se debe dar a conocer que no se ha registrado ningún delito en perjuicio de turistas, por lo que podemos levantar la bandera de la seguridad ya, para vender la ciudad”.
Garantistas y Ordenancistas
A pesar de la contundencia de los datos expuestos, la inseguridad sigue siendo para algunos una alteración temporal, una valoración subjetiva y por lo tanto cambiante y eventualmente manejable. Para otros, en cambio, es una realidad funesta que viola los derechos esenciales de las personas, la recomposición del orden es con “tolerancia cero” para los delincuentes y no con doctrinas abolicionistas en materia penal. En cambio para otros el apotegma es: a mayor marginalidad, mayor delincuencia, mientras más injusto se es, más violentos son sus actos.
Ahora, si así lo circunscribiéramos al tema, la inseguridad sería sólo un aspecto del miedo a la vida social -como si fuera un problema individual- cuando, en realidad, las múltiples y complejas formas de relacionarnos en sociedad (fundamentalmente en la injusta distribución del ingreso social, el egoísmo y la indiferencia social y las malas políticas económicas, educacionales y sociales) cambió la fisonomía de la ciudad y la inseguridad se convirtió en un problema difícil de transitar para aquellos que naturalizan estas cuestiones.
La discusión sobre la demanda de seguridad, desde siempre y sin arribar a nada, se da entre garantistas que privilegian una acción sobre las causas, y ordenancistas que lo hacen sobre los efectos. La primera apunta a combatir la exclusión social y el empobrecimiento, con el propósito de que cada vez sean menos quienes no tengan nada para perder y salgan a delinquir. Y la segunda tiene por argumento arbitrar políticas públicas para combatir el delito con mano dura a los que delinquen.
Insistimos, aunque se peque de redundante: el mayor peligro para la seguridad de las personas es la terrible desigualdad social.
