A la escuela acuden 85 chicos pero tenían previsto superar la centena porque habían decidido ampliar grados. La abogada explico que la institución alberga a muchos alumnos con algunos problemas de aprendizaje por diversos motivos. “Tiene muchos chicos autistas, con problemas de atención”, indicó. La modalidad educativa se basa en la neurociencia.
El gobierno provincial le había otorgado ayuda económica, de más de $ 1 millón, para la adquisición de una impresora 3 D. En efecto, el 23 de julio de 2022, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, entregó aportes a instituciones del departamento Paraná por un total de 1.249.781 pesos, para ser destinados a la compra de materiales de construcción, indumentaria, mano de obra y maquinarias. La fundadora de la Escuela Gabriela Brimmer, Mariela Milocco, agradeció el aporte que recibió la institución en esa oportunidad y detalló: “Esto nos va a permitir comprar una impresora 3D para que los niños de primaria puedan elaborar sus proyectos con esta herramienta. Además, queremos enmarcarlo dentro de un proyecto de prótesis que se necesita mucho para personas con Artritis Reumatoidea”. Por ende, la pregunta que se hizo Scime es porque se le entregó ese dinero si después le iban a ordenar el cierre del establecimiento.
Scime recordó que hubo una reunión de la directora de Gestión Privada del CGE con el sindicato de docentes privados (Sadop) donde le pidieron que no se cierre la escuela. Ella respondió textualmente que no quería quedar pegada con la representante legal. “Pero el mismo CGE la autorizo. Hay que volver atrás. Pero perjudicaron a rolete cuando se puede volver sobre ese mismo acto y subsanar esa cuestión cambiando a la representante legal. Pero no hay forma de que eso se concrete”, remarcó.
A través de una carta titulada “Imploramos al CGE que salvaguarde los derechos de los niños y de las personas empleadas”, Scime destacó que se tomó la drástica medida de impedir la continuidad de forma parcial del Colegio Gabriela Brimmer, y sugerencias a los padres de niños asistentes a la misma que nos permiten advertir la intención de cierre definitivo. “Nos remontamos a tiempo atrás, durante otra gestión, cuando fue autorizado para su funcionamiento y nos encontramos con que la Sra. Mariela Milocco ha sido aceptada como representante legal por el Consejo de Educación, no obstante carecer de antecedentes y/o conocimientos sobre educación y gestión institucional escolar, como bien es requerido en el Capítulo II de la Resolución Nº 0240”.
“Durante estos aproximadamente tres años, por ésta parte hemos adoptado una postura prudente, reflexiva y progresiva de peticiones a la autoridad administrativa, pero actualmente nos encontramos con la posibilidad de que sea aplicada una medida que consideramos excesiva, cuando ciertamente es posible encausar a la legalidad a la unidad educativa. Si analizamos al menos de una manera superficial la repercusión sociológica de la decisión dispuesta por la autoridad, advertimos una importante afección para diversos agentes que se encuentran involucrados, todos ellos con sus bienes jurídicos de igual relevancia para su protección: los niños, trabajadores empleados y quienes temen se tornen ilusorios sus derechos luego de la desvinculación laboral”, remarcó.
“Las insuficiencias de la representante legal son la consecuencia de la inidoneidad para el ejercicio del rol desempeñado. Justamente son exigidas las referidas calidades en respaldo y garantía de la competencia para el cargo, por lo que fue posible avizorar los resultados negativos del presente. Aguardamos expectantes la valoración de una alternativa más respetuosa de los derechos del grupo social afectado, mediante un acto que subsane la irregularidad manifiesta”, señaló Scime a través de la carta.
“EL CGE dice que va a reacomodar. ¿Cómo va a reacomodar si ni siquiera hay jardines en San Benito?. No hay cupo y no hay instituciones de la calidad que ellos aprecian. Muchos papás optan por las escuelas privadas. Obligan a levarlos a escuelas públicas que no está mal pero tiene que ver con que se vulnerar el derecho de los padres a elegir”, dijo Scime.
Los cuestionamientos a la apoderada legal deberían resolverse cambiando a la misma. Scime utilizó un ejemplo: una manzana en mal estado en un cajón se resuelve quitando la que está en mal estado nada mas pero no arrojando a la basura todo el lote.
Resolución
Las “reiteradas irregularidades” detectadas en el funcionamiento de la Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 256 y en la Escuela Primaria N° 262 Gabriela Brimmer, de San Benito, llevaron al Consejo General de Educación (CGE) a prohibir la matriculación de alumnos en 2023. Se trata de una institución educativa pública de gestión privada, e incorporada a la enseñanza oficial en 2019 y en 2020.
A partir del monitoreo hecho por supervisores escolares se detectaron “numerosas y severas irregularidades”, según el texto de la resolución N° 4.668, del 22 de noviembre último. Esas irregularidades, señala la norma, constituyen “situaciones que claramente ponen en riesgo las trayectorias educativas de los niños y niñas que concurren a ambos establecimientos, ya que se ven vulnerados sus derechos al acceso a una educación de calidad”, según publicó El Entre Ríos.
Así, y luego “de analizar y sistematizar los datos cualitativos y cuantitativos provenientes del trabajo exhaustivo en territorio desde el rol supervisivo (…) y de los equipos técnicos, la Dirección de Asuntos Jurídicos arriba a las siguientes conclusiones: persisten conceptos y procedimientos erróneos en diferentes dimensiones organizacionales y curriculares, aún recibiendo explicaciones reiteradas, acompañamiento y asesoramiento permanente desde la Dirección de Educación de Gestión Privada y luego de dos instancias de apercibimiento para regularizar la situación”.
Al reseñar las “irregularidades más notorias”, la resolución del CGE señala en relación a la “dimensión pedagógico-didáctica: escasas y/o nulas evidencias de aprendizaje en contenidos de Matemática, Lengua y demás espacios de la caja curricular obligatoria en nivel primario. Ausencia de planificación que garantice los saberes en cada grado/ciclo de la escolaridad primaria, lo cual impide la adquisición de saberes básicos, comunes desde una perspectiva de la democratización del conocimiento. Escasas evidencias de progreso en los cuadernos y/o carpetas, presencia de actividades aisladas, que carecen de vinculación y de profundización, que dan cuenta de una improvisación diaria a raíz de la falta de profesionalismo del personal a cargo y de la precaria formación académica. Evidencias de desarrollo de espacios extracurriculares y dinámicas que no están dentro del horario correspondiente a la caja curricular obligatoria en nivel inicial y primario”.
Respecto de la responsabilidad del personal directivo y docente de la Escuela Gabriela Brimmer, la resolución del CGE cita la Ley Nacional de Educación N° 26.606, y señala que los mismos “son agentes del Estado y deben garantizar una enseñanza de saberes y capacidades socialmente relevantes”. Y que están obligados por ley a “cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción”.
En ese contexto, Educación entiende que “se ven directamente vulnerados los derechos de niños y niñas a recibir educación integral con igualdad de oportunidades que apunte al desarrollo de todas las dimensiones de la persona”.
Respecto de la “dimensión socio-comunitaria también se observa inconsistencia en el modo de abordaje de los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad; modos de intervención con escaso ajuste a los marcos normativos nacionales y jurisdiccionales. En cuanto a la dimensión administrativa, también se ve constante recambio de personal directivo y docente, lo que dificulta observar en forma sostenida su desempeño e impacta de manera negativa en la calidad de la enseñanza”. A eso se suman reclamos del personal docente por sueldos impagos.
A la intervención de los supervisores escolares se sumaron “numerosas presentaciones de familias de alumnos y alumnas solicitando intervención de este organismo (el CGE) frente a cuestiones que los aquejan y preocupan ya que son inherentes a la calidad de la enseñanza y a las políticas de cuidado que deberían garantizar las instituciones”.
