El cónclave será clave, por muchas razones: la principal, debatir hacia adentro del principal sindicato docente qué se hace frente a la nueva oferta de incremento salarial —que lleva el mínimo garantizado para el cargo testigo, el maestro de grado, de 1.040 a 1.108 pesos— y, consecuentemente, de qué manera sigue el conflicto.
“Es un escenario difícil”, admitió ayer un dirigente de Agmer, que vislumbra un congreso muy dividido, entre quienes propondrán la “aceptación” de la oferta, que tendrá vigencia hasta octubre próximo, y los que llevarán la moción de “rechazo”, y en consecuencia endurecer la protesta en las escuelas de la provincia.
Ayer, algunos dirigentes se ocupaban de tender puentes de comunicación con listas opositoras en el sindicato en procura de llegar con una posición común que asegure un cierre de la discusión con un resultado lo más “representativo” posible.
Agmer tiene tres vertientes internas: la oficialista Lista Celeste; un desprendimiento de ésta, la Lista Celeste Compromiso, con fuerte presencia en Concepción del Uruguay y La Paz; y la Lista Rojo y Negro, que tiene la conducción de las seccionales Paraná, Federal, Federación, Villaguay e Islas del Ibicuy.
Protestas
Ayer, el secretario general de Agmer, Sergio Elizar, dijo que la conducción del gremio apuesta a escuchar la opinión de las asambleas docentes, de donde saldrá, dijo, la postura oficial del gremio por una aceptación o rechazo a la oferta salarial del Gobierno.
“Estamos poniendo la oreja en el debate institucional que estamos impulsando, porque entendemos que van a ser los compañeros en las escuelas quienes resuelvan cómo sigue el conflicto”, opinó. “Debemos profundizar el debate institucional porque estamos en medio de un momento crucial del conflicto”, añadió.
Hasta ahora, el gremio ha venido rechazando en forma sistemática las sucesivas propuestas de incremento salarial del Gobierno. El último pronunciamiento ocurrió el 19 de julio, en Concordia, donde un congreso de Agmer rechazó la oferta oficial por considerarla “insuficiente” y “distorsiva”. Y en consecuencia aprobó un plan que incluyó la realización de siete días de paro entre julio y agosto.
En respuesta, el Gobierno dispuso retirar la oferta presentada, y aplicar descuentos por los días de paro. El clima se tensó a un punto tal que las autoridades evaluaron la alternativa de contratar docentes suplentes para reemplazar a los huelguistas.
Pero anteayer, en el Ministerio de Economía, se conoció una contraoferta que trajo algo de alivio al conflicto: el Ejecutivo aceptó elevar el monto de la inversión destinada a aumento salarial, de 3,8 a 4,3 millones de pesos, y además se mostró proclive a discutir una eventual devolución de los días de paro descontados. Aunque eso recién será posible una vez que cuente con la aprobación a la última oferta.
Eso será lo que se discuta mañana, en el congreso de Feliciano.
Primer revés judicial
El Juzgado Civil y Comercial Nº3, a cargo de la doctora Valentina Ramírez Amable, rechazó el pedido de medida cautelar de no innovar presentada por docentes contra el Consejo General de Educación (CGE) en reclamo por los descuentos salariales aplicados por haberse acogido a las medidas de fuerza de los sindicatos.
Se trata del primer revés judicial de los docentes. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) tiene otra acción, una querella por práctica desleal, presentada contra la circular Nº 2 del CGE que ordenó a los directores de escuela la mecánica para informar las ausencias por acogimiento a los días de paro por parte de los docentes. La acción fue presentada en el Juzgado Laboral Nº 4.
