Altman alegó que un planteo anterior de juicio político “no mereció de parte del gobernador cumplir con el artículo 17”, debido a que el denunciante, un vecino llamado Gustavo Almada, “no fue siquiera conminado por carta documento a ratificar o rectificar su imputación”.
Ese pedido ingresó el 11 de julio de 2005. Almada le endilgaba al gobernador Jorge Busti la responsabilidad por la pérdida de 45 toneladas de alimentos destinados a beneficiarios de programas sociales. Luego agregó que se desechó otra “importante cantidad de mercaderías en el paraje conocido como Alvear”.
Ese pedido de juicio político fue rechazado in limine con el voto del PJ y de la diputada Lucy Grimalt. En tanto, Antonio Mainez (entonces Nuevo Espacio), propuso un dictamen de minoría, y los representantes de la UCR optaron por no concurrir a la reunión de comisión, igual que Juan Domingo Zacarías, del Nuevo Espacio.
La segunda causal de juicio político de la nota de Altman cuestiona la “no asunción de la responsabilidad por parte del titular del Poder Ejecutivo en la aclaración de los hechos conocidos por la opinión pública como destrucción y quema de alimentos”.
“La inacción del Gobernador es evidente, ya que no se encuentra persona alguna sindicada, señalada, sumariada, denunciada, procesada o arrestada ante el gravísimo hecho admitido por distintas autoridades gubernamentales, que perjudicó al erario público y a los beneficiarios de los comestibles”, argumenta.
Agrega que “tampoco se conoce causa alguna tramitada en el Poder Judicial” y que “no puede alegarse crimen perfecto, es decir, sin autores detectados por el delito, ya que quedaría como absolutamente ineficaz la fuerza policial provincial”.
La carilla que contiene el planteo finaliza pidiendo “hacer extensivo el instrumento de juicio político”, basado en las mismas causales, “a los ministros integrantes del gabinete”. Para Altman también constituye una “grave imputación que los obliga a acusar para vindicarse”.
