Según surge de la sentencia, el hecho perpetrado por este funcionario provincial, fue haber insertado en la partida de nacimiento de una mujer, un reconocimiento filiatorio apócrifo, a nombre de un desconocido, para lo que utilizó también un sello del jefe del Registro Civil Alberto Arias y falsificó su firma.
Esto fue advertido y denunciado por los demás empleados del registro, pero lo extraño es que, de acuerdo con los datos vertidos en la sentencia, y la acusación Fiscal, Silveira ya no era funcionario del Registro Civil cuando cometió el delito; sin ir más lejos –y siempre según la investigación fiscal- el imputado había sido afectado a la Comisión Administradora para el Desarrollo de Salto Grande (CAFESG) como adscripto, dos meses atrás.
Una situación que a la postre resultó conveniente para el imputado, ya que le redujo un agravante que es el de “Abuso de sus fusiones”. Sin embargo, no hubiera sido descabellado suponer que si en efecto el imputado no era funcionario del Registro Civil cuando falsificó los documentos, la imputación debiera haberse extendido sobre el robo del sello utilizado para tal fin, y hasta una posible intrusión de domicilio. Ya que los ex compañeros de Silveira recuerdan que el contaba con una llave del edificio, por lo que pudo haber ingresado en cualquier horario.
Según consta en la Sentencia Fue designado jefe de la oficina móvil del Registro Civil el 30 de noviembre de 1995, y el 12 de enero de 2004 fue afectado a la Comisión para el Fondo Especial de Salto Grande: lo que es extraño es que según el legajo judicial, la resolución de su nombramiento tiene fecha posterior al inicio de actividades; 15 de marzo de 2004.
Este hecho de no ejercer sus funciones, en el registro civil, lo deja extrañamente en una posición favorable.
Y con voto unánime el tribunal presidido por Martín Carbonell e integrado por las vocales, Patricia Pérez y Carolina López Beris, se confirmó el acuerdo de partes por el que Silveira acepto la pena consensuada de tres años de libertad condicional, e inhabilitación especial para ocupar cargos o funciones públicas por el mero plazo de tres meses.
Las costas del juicio fueron cargadas al imputado.
La Fiscalía estuvo representada por el Fiscal de Cámara Jorge Suñer y la Defensa del Silveira, a cargo del defensor particular Julio Cesar Larrocca.
