Laporte remitió el viernes su informe a las comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo y de Legislación General. Aunque los diputados recalcaron que se trata solamente de una opinión, al igual que las del resto de las áreas consultadas, los términos en que está redactado este escrito, de 89 fojas, no pasarán desapercibidos ni para los gremialistas ni para los diputados.
El secretario de Legal y Técnica criticó ampliamente ambos proyectos, el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En referencia a los dos, señala, en repetidas ocasiones, que se invaden atribuciones constitucionales del Ejecutivo cuando se propone dar intervención a los representantes de los trabajadores en cuestiones vinculadas a las sanciones, las designaciones y los ascensos.
También en ambos casos ataca el derecho a huelga. Con respecto al proyecto de UPCN, al analizar el inciso “e” del artículo 35, indicó: “Atento a que estos trabajadores desempeñan funciones para el cumplimiento de servicios públicos no pueden recurrir a medidas de acción directa, tales como la huelga; sí a la mediación, arbitraje y finalmente las acciones judiciales pertinentes”.
En tanto, ante el inciso “II” del artículo 23º de la propuesta de ATE, expresó: “No puede consignarse como derecho del empleado público el participar de la huelga”. Enseguida Laporte citó al especialista Miguel Marienhoff: “La huelga de los agentes públicos es siempre, sean cuales fueren la circunstancias, una falta grave. La huelga es el hecho que subordina la satisfacción de una necesidad general, a los intereses particulares de los agentes”.
La reunión de hoy, prevista para las 9, fue convocada con la idea de intentar un acercamiento del oficialismo con los gremios. Incluso se anunció la presencia del secretario de Legal y Técnica, quien debería exponer sobre sus consideraciones.
Se espera que en el encuentro se acreciente la polémica, ya que se realizará un día antes del congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y a las duras expresiones sobre las medidas de fuerza hay que agregar la crítica a la paritaria docente.
“No resulta de buena técnica legislativa incluir en el presente régimen jurídico del empleado público las paritarias previstas en el Capítulo VIII para el trabajador docente”, manifestó el funcionario. Más adelante expresó: “Este capítulo debe suprimirse por improcedente (…) dado que los docentes poseen un régimen específico”.
