Así lo advierte textualmente la Resolución Nº 219 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, de la cual fue notificada la ONG local en el día de ayer. Esta Resolución, que busca subsanar las irregularidades denunciadas por Mbiguá, termina por confirmar que la negligencia de la autorización es aún mayor que la señalada.
“Este hecho nos obliga a replantearnos todo el sistema de control que ejerce el Estado sobre las licencias ambientales”, señaló el abogado Diego Rodríguez, director ejecutivo de Mbiguá.
“Si la Secretaría de Ambiente, conducida por personas con vasta trayectoria en el tema, otorga ‘por error’ una autorización para perforar 1.500 metros atravesando acuíferos en un proyecto de categoría 2 –es decir: que se sabe de antemano que causará impactos– para el que se utilizarán aproximadamente 15 millones de pesos de fondos públicos, y si el Ente Regulador de los Recursos Termales, en su dictamen, copia parte del proyecto presentado para Villa Elisa sin tener el más mínimo pudor para cuidar que no queden referencias a esa localidad en el texto, el problema de las termas de Paraná excede ampliamente la cuestión ambiental: estamos ante un severo problema institucional. Esto es inadmisible”.
En abril de este año, Mbiguá había realizado observaciones al proyecto termal ante la Secretaría de Ambiente, señalando –entre otras irregularidades– el incumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales y Audiencia Pública previo a la autorización para la perforación, y cuestionando la legalidad del acto administrativo que concedía a ENERSA el permiso para realizar la exploración del recurso termal.
A fines de mayo, después que las observaciones fueran rechazadas por la Secretaría de Ambiente por considerar que habían sido presentadas “de manera extemporánea”, Mbiguá se vio obligada a interponer una acción judicial para impedir que el permiso se efectivizara, vulnerando leyes superiores y derechos colectivos.
Ahora, a través de la Resolución Nº 219 –que busca parchar irregularidades denunciadas–, Ambiente dice que “por un error involuntario se otorgó el mencionado certificado para realizar las perforaciones exploratorias en el predio”.
“Recurriremos esta resolución por los canales adecuados”, adelantó Rodríguez, pero “en este estado de situación, quizá lo más prudente que puede hacer el Gobierno sea volver a abrir el procedimiento desde cero”. En este sentido, el abogado consideró “increíble que se otorgue un permiso de exploración de 1.500 metros por un ‘error involuntario’.
Si los ‘errores involuntarios’ son de este calibre, quizá deberíamos revisar todos los licenciamientos termales salinos de la provincia. Y si la Secretaría de Ambiente solo recurrió al ‘error involuntario’ como justificación, es peor: están tomando herramientas valiosas de nuestra Constitución –como la de evaluación de impactos–, que sirven para tomar decisiones políticas sobre las ciudades que queremos, y las convierten en el ‘paraíso de los charlatanes’, como decía Bernard Shaw”.
