En el dictamen entregado al juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía imputó además al exsecretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo, y solicitó una serie de medidas de prueba que tienen que ver con la recolección de documentación sobre las licitaciones de las obras.
La denuncia había sido presentada por la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, el 6 de marzo y refería a la “existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.
Peñafort había destacado en su presentación que las supuestas irregularidades fueron detectadas luego de evidenciar “un estado de deterioro” en instalaciones muebles e inmuebles del Senado y tras analizar las obras cuya licitación, adjudicación y ejecución parcial habían sido iniciadas entre 2018 y 2019.
La denuncia hizo referencia a tres obras “de magnitud” que fueron adjudicadas a la firma Dinale S.A., lo que implicó una “concentración irregular” en manos de una empresa que “siquiera se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación y que no siempre había formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones”.
Las obras cuestionadas fueron la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del edificio anexo Alfredo Palacios; la reestructuración de las vías de escape, contraincendios, pleno de escalera y nuevo ascensor, Sector Solís; y la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios.
En la denuncia se había indicado que la exvicepresidenta de la gestión de Cambiemos “le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.
En la presentación se indicó también que se verificaron otorgamientos “excepcionales” de anticipos de obra “por fuera de la normativa aplicable al caso sin motivación alguna” y que, además, una vez otorgados no fueron descontados conforme a los avances de obra certificados ante la administración que “continuó efectuando pagos por sobre los adelantos irregulares”.
Además se destacó que las obras fueron adjudicadas a una empresa “cuya mayor trayectoria profesional se ha dado en el ámbito de la Provincia de Santa Fe y ni siquiera se encontraba inscripta en el registro de proveedores” del Senado.
