El pedido presentado por el fiscal Di Lello ante el juez federal Luis Rodríguez incluye como imputados al presidente Macri, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; al ex Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y al canciller Jorge Faurie.
El fiscal sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios participaron de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que violen la soberanía nacional y señaló que los hechos investigados comienzan «con el comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 suscripto entre las cancillerías de ambos países», indicaron fuentes judiciales.
La abogada Valeria Carreras, denunciante en este expediente, había señalado que se trataba de un acuerdo inconstitucional y que la nomenclatura «Comunicado Conjunto» pretendía soslayar que es un acuerdo que, a la luz del artículo 75 de la Constitución Nacional, debió haber sido tratado por el Congreso Nacional.
Entre los hechos a investigar, el fiscal detalló «licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602/19 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur».
En relación al primer vuelo a Malvinas, previsto para el 20 de noviembre, Di Lello sostuvo que corresponde que el juez evalúe ordenar su suspensión de forma urgente.
«Existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional», afirmó el fiscal.
«Corresponde que evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que estuviere autorizado por el decreto nro. 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional», agregó.
Y agregó: «Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos».
