Mauricio Macri, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y el actual secretario de esa área, Javier Iguacel, fueron imputados por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita.
Central Puerto, propiedad de Nicolás "Nicky" Caputo, amigo del alma de Macri, fue la única empresa que preclasificó en las licitaciones, según se pudo conocer hoy, para la usina Brigadier López. Por Ensenada Barragán preclasificaron YPF y, nuevamente, Central Puerto.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2018 por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Además de los tres mencionados, también son investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de esa empresa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
Las privatizaciones fueron habilitadas mediante el decreto 882/2017, del 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri. La central Barragán fue tasada por el Estado en US5,9 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US9 millones. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de US7 millones con un mínimo de oferta en efectivo de US5 millones. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
Además de privatizar dos centrales a precio vil para favorecer los negocios de su amigo Nicolás Caputo, en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades: Iecsa, que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales, dejó obras sin terminar pero fue indemnizada con .600 millones por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri.
Por otra parte, dos de los imputados en la causa, Bruso y Piccinini, trabajaron para Calcaterra y el Grupo Macri durante más de una década. Hacia fines de 2017, desembarcaron en Enarsa junto a Aranguren y Balboa, por lo que estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de .600 millones al primo del Presidente.
