La denuncia apunta a la forma ilegal e irregular de cómo se ampliaron los plazos de los contratos de concesión en los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, cuyo vencimiento operó en principio el 20 de abril de 2016 y que permitía una única prórroga de 12 meses.
"Al vencer el término de los contratos el 21 de abril de 2017, los organismos no convocaron a nuevas licitaciones, e incluso desde la DNV se dictó la Resolución 811/17", escribió Taiano. Esa resolución fue dictada por Iguacel y extendió los plazos sin nueva compulsa, con las correspondientes empresas concesionarias por tiempo indeterminado, pese a que eso no estaba habilitado.
De este modo, los funcionarios habilitaron a varias empresas como Benito Roggio SA, Esuco, José Cartellone Construcciones Civiles, Super Cemento y la ex Iecsa (de la familia Macri), a seguir cobrando peajes y certificados de obra en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación.
En la denuncia se detalló que "por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas".
La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, que regresará mañana a su juzgado tras una licencia. Por lo pronto, Taiano dio impulso a la denuncia.
Los delitos que investiga son negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
El escrito, que está en Comodoro Py, manifiesta que "Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados".
