La religiosa fue notificada en la tarde del viernes e incluso nombró como defensores a los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, según consignó Análisis Digital. Al parecer, fueron determinantes las declaraciones de dos ex carmelitas, que confirmaron lo denunciado por la publicación gráfica del mencionado medio periodístico en cuanto a los excesos cometidos en el convento, como así también la actitud de la religiosa –que se prolongó varios años–, de prohibir la salida de la congregación de las jóvenes monjas que allí arribaban.
La causa investiga la “privación ilegítima de la libertad en dos hechos”. El delito establece una pena de prisión de 2 a 6 años, y por esta acusación fue citada a declarar en instancia indagatoria la madre María Isabel el miércoles 7 de septiembre en horas de la mañana.
La determinación la adoptó después de analizar en profundidad las extensas declaraciones testimoniales de dos ex carmelitas descalzas que transitaron por el convento en los últimos años. Una de ellas estuvo más de 10 años y la restante permaneció por espacio de más de dos décadas. Ambas declararon por casi seis horas en Tribunales el viernes pasado y no solamente ratificaron todo lo denunciado por la denuncia periodística en cuanto al uso de cilicios, látigos, mordazas y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones.
Además ampliaron numerosos detalles en torno a sus traumáticas vivencias en el convento y en especial en el período en que se hizo cargo la superiora María Isabel, quien hace diez años es la principal responsable. La identidad real de la religiosa es Luisa Toledo y desde 1991 está en Nogoyá, después de su paso por el convento de Concordia.
Defensa
El viernes por la tarde llegaron hasta el edificio tribunalicio de Nogoyá los abogados penalistas paranaenses Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, quienes dejaron asentado que serán los defensores de la madre superiora, por decisión del Arzobispado de Paraná.
Pudo saberse también que el mismo viernes, desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche declararon varios de los policías que participaron del allanamiento al convento, el jueves 25 de agosto, después de la actuación de oficio de la justicia, tras el informe publicado ese día. La mayoría de ellos habrían revelado incluso la serie de amenazas proferidas por la madre superiora al momento de la tarea judicial en la dependencia religiosa.
Se conoció que el fiscal Uriburu trabajó paso a paso con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche y adoptó la decisión de imputarla a la madre superiora después de analizar las pruebas pertinentes, a lo que se sumaron los extensos testimonios de ex carmelitas y de otras personas que atestiguaron en el expediente. También colabora permanentemente en la estrategia judicial el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, con quien Uriburu mantuvo reuniones en el edificio tribunalicio de Nogoyá en los últimos días.
Trascendió que estudia la posibilidad de imputar también a la madre superiora por tormentos o torturas, como así también el delito de reducción a la servidumbre. Este establece que “serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”, se indicó.
