La denuncia de Marijuan se originó a partir de la resolución que habilitaba a las distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1º enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso. Para los usuarios representaba un esquema de 24 cuotas de entre 90 y 110 pesos, indexadas por la tasa de interés del Banco Nación. La decisión generó una fuerte polémica mediática y la reacción de todo el arco opositor y también dentro mismo de Cambiemos.
Iguacel ofreció el lunes, tras conocerse la denuncia, una conferencia de prensa para justificar el cargo extra. Allí culpó al gobierno anterior, se escudó en una ley de 1992 y tomó distancia de la situación asegurando que se trata de un problema “entre usuarios y empresas”, en el cual el Gobierno no debe “interferir”.
La fiscal Ochoa procedió a la descripción de la maniobra a investigar y la imputación para el funcionario y le pidió a la jueza Servini que dicte una medida de no innovar para que el Gobierno suspenda por 60 días la aplicación de la cuestionada resolución, pese a la promesa del Gobierno de que quedaría sin efecto. La representante del Ministerio Público sostuvo que “la utilización del poder público a tales fines excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico-penalmente relevante”. En su escrito cita los artículos 248 y 174 inciso 5 del Código Penal. El primero prevé “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario público que dictare resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. El 174 prevé de dos a seis años de prisión a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. Iguacel había dicho que la queja por los cargos era solo de militantes kirchneristas.
