“La probation beneficia a los imputados de delitos de acción pública con penas menores a tres años porque si no hay juicio, no hay condena y, por ende, tampoco queda en los antecedentes del sujeto”, explicó Dulce Granados.
Por eso, “como los hechos de violencia de género o doméstica ocurren en ámbitos cerrados, íntimos, donde en el común de los casos conviven la víctima y el victimario, y no hay acceso a terceros”, los responsables deben ser sometidos a “proceso”, apuntó.
“El proceso desde ya es control, es el ámbito donde se proveen los conocimientos teóricos, técnicos necesarios para comprender y aplicar la norma, porque estamos frente a una problemática que exige un tratamiento interdisciplinario”, subrayó.
Granados declaró además que la iniciativa está en línea con los tratados internacionales en contra de la violencia de género, a los que adhirió Argentina.
“La aplicación de criterios de oportunidad y medidas procesales que dan por tierra con el proceso penal del golpeador colisiona con el compromiso asumido por el Estado de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer”, finalizó.
