En la nueva norma el interbloque propone modificar el artículo 60 y que quede redactado de la siguiente forma: “Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica”.
Así la Ley de Presupuesto debe indicar, como mínimo, las características de las operaciones de crédito público autorizadas, así como el tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; el monto máximo autorizado para la operación; el plazo mínimo de amortización; y el destino del financiamiento.
Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.
De esta forma, de sancionarse esta iniciativa, el acuerdo anunciado ayer por el Gobierno nacional con el FMI necesitará de la aprobación de una ley del Congreso para hacerse efectivo.
“Los acuerdos stand by, degradan al país a una vigilancia permanente del FMI sobre nuestras políticas económicas, es decir controlar que los niveles de ajuste que exigen sea cumplido hasta las últimas consecuencias. Este tipo préstamos, como el que está cerrando el presidente Mauricio Macri, es el mismo que el FMI concretó en países como Irak, Jamaica o Kenia”, dijo al respecto Leonardo Grosso.
“Otro de los ejemplos es Jordania que debido a cumplir la condición de aplicar políticas de austeridad, generó a su pueblo subas exorbitantes de servicios básicos y de alimentos, teniendo como resultado la renuncia del primer ministro en medio de una crisis política y económica inmensa”, concluyó el referente del Movimiento Evita.
