Se señala allí que en particular deberán tenerse en cuenta prioritariamente las situaciones de usuarios beneficiarios de tarifa social, clubes deportivos, organizaciones civiles y también pequeñas y medianas empresas de la provincia “que justifiquen la imposibilidad de abonar las facturas y vean peligrar su subsistencia por falta de suministro”.
Igualmente, en el artículo 2° se solicita a la Secretaría de Energía de la Provincia que considere adoptar las medidas necesarias para ofrecer a los usuarios del sector comercio y servicios la posibilidad de financiar el pago del costo de la energía eléctrica mediante un plan de seis cuotas, que sirva tanto para abonar “los dos primeros bimestres de este año como la deuda correspondiente al período 2017”.
Finalmente se solicita a los organismos provinciales competentes que en el lapso indicado en el artículo 1° estudien y adopten medidas adicionales tendientes a morigerar el impacto de los aumentos de tarifas decidido por el Gobierno Nacional.
La iniciativa fue presentada por el diputado Pedro Báez (PJ) y contó con el acompañamiento de la casi totalidad del bloque justicialista.
En la fundamentación del proyecto se señala que las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno nacional desde el mismo inicio de su gestión “sostienen un proceso de distribución regresiva del ingreso que afecta fuertemente a los sectores populares, a la industria y particularmente a las pequeñas y medianas empresas con componentes electro intensivos en sus líneas de producción” y que el proyecto tiene como objeto “la defensa de todos aquellos usuarios del servicio público de electricidad que tienen imposibilidad objetiva de abonar el servicio eléctrico que ha tenido incrementos exorbitantes que orillan el 1490% desde la asunción del presidente Mauricio Macri”.
Esos aumentos constituyen ajustes desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los “clientes cautivos” quienes no fueron tenidos en cuenta como parte de la relación que debe ser protegida y cuyos derechos deben prevalecer por sobre el derecho de las licenciatarias de obtener mayor ganancia, se indicó.
Igualmente se señaló que el ajuste llevado adelante por la política económica del Gobierno Nacional ha provocado una crisis social profunda, y los reclamos por las intimaciones y los cortes por falta de pago cobran fuerza de clamor en todo el país.
Por todo ello, se entiende que resulta imprescindible que la autoridad de aplicación intervenga en forma urgente y considere adoptar la decisión de suspender por un plazo mínimo y prorrogable de 180 días las órdenes de interrupción del servicio eléctrico por falta de pago en tanto se reformulen y adecúen a los términos de la realidad social y económica los costos de los servicios públicos en general y de la energía eléctrica en particular.
