EUROPA Y ARGENTINA
Al igual que en el viejo mundo, también en Argentina los legisladores discuten un impuesto a las grandes fortunas como una de las soluciones para financiar la emergencia sanitaria que generó el COVID-19.
El diputado Carlos Heller, presidente del banco cooperativo CREDICOOP, aclaró que este impuesto a la riqueza “jamás estuvo pensado como un gravamen sobre la clase media, las pequeñas empresas, los ahorros de las familias”. Y agregó, “alcanzará sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza”, por si quedaran dudas dijo “Nadie va a ser menos millonario después de que tenga que hacer ese aporte”.
Es que, si este proyecto se concretara, el impuesto alcanzará a un pequeño porcentaje de la población y por única vez. Servirá para comprar insumos sanitarios o alimentos para los sectores más vulnerables, entre otros bienes indispensables para las familias más golpeadas.
Otro de los proyectos en danza según los periodistas Ari Lijalad y Ezequiel Orlando es el del diputado Hugo Yasky, extitular del gremio docente de CTERA dijo “Si de las cincuenta personas más ricas de la Argentina, según el listado de la revista FORBES publicado por Infobae en abril de 2018, aportaran por única vez el 1,5% de sus fortunas personales valuadas en conjunto en 70.040 millones de dólares, se estarían reuniendo en ese Fondo 1.050 millones de dólares. Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o poco más de 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva”. Que un grupo minúsculo acapare tamaña riqueza demuestra la rentabilidad extraordinaria que obtienen de unos precios a todas luces inflados.
Por su parte otro diputado, el neuquino Darío Martínez va más allá y propone un impuesto a las personas cuyos patrimonios superen el millón de dólares con un triple objetivo: impulsar la inversión privada, obtener financiamiento para el Estado y aumentar la recaudación. El mecanismo que propone es el “pago a cuenta de impuesto”.
Señala que según un reporte de AFIP de 2017, “apenas 32.484 contribuyentes argentinos declararon patrimonios superiores a un millón de dólares, todos los cuales sumaban 104.000 millones de dolares”.
La idea que Martinez acercó tanto a Máximo Kirchner como al presidente Alberto Fernández es establecer un impuesto progresivo y que el contribuyente pueda optar entre pagar todo o 3 opciones.
La primera opción es que si el millonario hace inversiones, el 50% de las mismas puede tomarse como pago a cuenta de hasta un tercio del impuesto, siempre que sean inversiones “en proyectos que motoricen de inmediato la creación de empleo como construcción de viviendas para vender o alquilar, ampliación de naves industriales o locales comerciales así como su equipamiento, nueva maquinaria y puesta en funcionamiento, producciones agropecuarias intensivas no tradicionales, u otras actividades que requieran mano de obra intensiva y productos e insumos nacionales” y que quedarán “en el patrimonio de los contribuyentes”. La idea de fondo es que los dueños vuelquen ganancias personales hacia inversión productiva, y desde el despacho de Martinez creen que muchos harían uso de esta opción que les permite capitalizar sus empresas en lugar de pagar el impuesto.
CACHANOSKY PROPONE SACARLE AL EMPLEADO PÚBLICO
«¿Por qué tiene que haber gente del sector privado que pierda su ingreso, y que todos los casi 3.700.000 empleados públicos que hay en el total de país no pueden perder un solo centavo de su ingreso? Es inadmisible», le dijo Cachanosky en La Cornisa. «El total de la masa salarial, sumando todos los sueldos de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, da casi 52 millones de dólares al año. ¿Vos me decís que ahí no se puede hacer un esfuerzo de 4 o 5 puntos para bajar el gasto, en vez de estar inventando este Impuesto Patria o no sé qué historieta?», agregó.
Como se ve, vuelven a utilizar aquí el sentido común, estigmatizando al empleado público al que, se sabe, se lo califica de “vago, ñoqui, etc”.
Imposible no apuntar que entre esos 3.700.000 empleados públicos hay médicos, enfermeros, policías, docentes, científicos.
