TEXTUAL
La nota enviada a este diario y firmada por Carlos Lazbal y Miguel Quiroga, Presidente y Secretario respectivamente, dice textualmente.
Sin detenernos en historias y responsabilidades, la Ley de Impuesto al Cheque, “impuesto de emergencia”, surgió en el 2001 del súper ministro Domingo Cavallo. Esta medida que empujo a la informalidad y verticalización en la producción, aumentando la inequidad en el sistema tributario, debe eliminarse. No se debe perder la coherencia perpetuando un impuesto transitorio en definitivo. Desde el Parlamento no deberían surgir medidas distorsivas y recesivas para la economía, por el contrario se deben buscar acciones superadoras a los errores ya cometidos.
Creado para “garantizar ingresos extra” o que “salvarían al país del default”, eleva los costos financieros, y las pocas deducciones que reconoce no compensan las erogaciones originadas, en especial a las pequeñas empresas.
Opera contra el mercado interno al sumar costos en los precios al consumidor, siendo por ello la peor propuesta para mejorar la coparticipación
Pese al rango constitucional del sistema de coparticipación en la misión de igualar las oportunidades en el país, este ha quedado congelado con coeficientes fijados “transitoriamente” en 1988 y que hoy día lo hacen un dispositivo generador de desigualdad e injusticia.
Modelo de la década del ´90, con su caos en el 2002, en el supuesto de mantenerse, este “nuevo impuesto al cheque” no debería aumentar la masa coparticipable.
Rechazamos este “nuevo impuesto al cheque ahora coparticipable”, surgido en los sectores políticos que desde la minoría parlamentaria siempre se oponían a su prorroga, en cada Presupuesto Nacional.
Incluir este cuarto mayor tributo nacional, en los campos de la Ley de Coparticipación Federal, hará que su eliminación en el futuro sea imposible, además de la consecuente pérdida de recursos para las provincias, por lo intricado que políticamente resultara modificar esa Ley-Convenio.
Aunque se hagan tentadores cálculos de 500 millones de pesos adicionales para Entre Ríos, con esta coparticipación, nuestra provincia recibe un bajo porcentaje del reparto, pese tener una población considerable y pertenecer a la región con mayor índice por debajo de la línea de pobreza.
Proponemos que los legisladores mejoren la masa coparticipable creando fondos con fines específicos, por votación de mayoría simple en el Congreso, atendiendo algunos criterios distributivos como población, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desempleo, deserción escolar secundaria, mortalidad materna infantil o recursos fiscales provinciales. Uno de los componentes del mismo podría ser el Impuesto a las Ganancias, aumentando ellas y recuperando hasta un 35 % de masa coparticipable derivada en el año 92 hacia Seguridad Social.
También proponemos no disminuir la autonomía de los gobiernos provinciales para establecer sus prioridades y al crearse fondos con asignación específica, dejar en manos del Poder Ejecutivo el diseño final para dar la posibilidad de constituirse en un árbitro constructivo.
