El debate que duró más de 13 horas, obtuvo 133 votos afirmativos y pasó a la Cámara de Senadores. Durante la defensa del proyecto, Casaretto indicó que “no descapitaliza a las empresas, esto no afecta las inversiones, esto no es un impuesto sino un aporte solidario. No es inconstitucional y no es confiscatorio”.
«Desde el inicio de la Pandemia tuvimos un Estado Nacional presente, con una inversión de casi 7 puntos del PBI en sostenimiento de las empresas, de los empleos, de las provincias y de los municipios. Hay muy pocos antecedentes de que un Estado apoye la iniciativa privada y al que invierte, a conservar las fuentes de trabajo» remarcó al tiempo que indicó: «El Estado necesita financiamiento y necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Con este aporte vamos a recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos».
En ese sentido, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social aseguró que «este aporte solidario se inscribe en nuestra concepción de plan económico. No es tener un plan económico liberal, un plan económico de ajuste, no es tener una carga impositiva menor para los sectores más poderosos”.
«Hace falta más respeto sobre la decisión política de los argentinos. Nos votaron para que hagamos algo distinto a lo que hizo Macri en los últimos cuatro años», remarcó finalmente Casaretto.
En tanto, Osuna manifestó que la ley pide un «esfuerzo, por única vez, a aproximadamente 9298 personas, que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer distintas políticas transversales de inclusión y derechos”.
Expresó que con esta decisión el Parlamento hizo su trabajo «en favor de legislar por la justicia, abriendo la puerta de la solidaridad, en pos de que se constituya un fondo para que se pueda aplicar al fomento y rescate de las pymes, al desarrollo digno de barrios populares, a la recuperación y ampliación del Programa Progresar, a la consolidación de la infraestructura sanitaria y a programas de exploración de gas natural».
Osuna explicó que esta medida «junto con los ejes programáticos del Presupuesto 2021, que también sancionó la Cámara, y otro conjunto de políticas y estrategias del Gobierno nacional, apunta a la reconstrucción de la Argentina de la producción y el trabajo, buscando cada día ser un poco más justos».
Por último, criticó a quienes disfrazan argumentos para defender intereses minoritarios y poderosos y rechazar esta medida. «Macri durante cuatro años estableció una baja sobre los impuestos, las rentas y los patrimonios de las grandes empresas, pero lejos de mejorar las inversiones, solamente colaboró en la caída del sector productivo de un 16%», argumentó la Presidenta de la Comisión de Educación de Diputados.
“Esta ley abre el debate a la justicia social, no es una medida contra nadie, ni es una trampa mortal, porque imita las decisiones de las grandes potencias mundiales que ya efectivizaron este aporte excepcional”, aseveró. «Lo que estamos discutiendo son medidas extraordinarias para poner a Argentina en el circulo virtuoso del crecimiento, la inclusión y la equidad», finalizó.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario, según AFIP, alcanzaría a menos de 10.000 personas, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
