Aunque resulte increíble, Torres fue subsecretaria de Derechos Humanos durante la primera gestión de Busti y también diputada provincial llegada a ese lugar de la mano de la UCR en 1999 a través de la Alianza y apadrinada por el montielismo.
La página web del Archivo Nacional de la Memoria confirmó la ex diputada provincial Mónica Zumilda Torres -quien falleciera recientemente- fue personal civil de Inteligencia, dependiendo del Ejército Argentino, entre 1976 y 1983, de acuerdo a lo recabado por Análisis Digital.
Aunque siempre hubo sospechas sobre el rol que había tenido la dirigente, el dato no se había corroborado hasta este momento en que fue publicado el dato de la nómina del personal civil de inteligencia que se desempeñó en el período 1976 – 1983. La ex diputada provincial aparece con el número de orden 4.503.
La dirigente se ocupó de filtrar información en las primeras reuniones de familiares de desaparecidos, en la Iglesia del Carmen de Paraná, a las que asistía como referente de una organización nacional de derechos humanos y siempre fue cuestionado su rol en días previos al secuestro y asesinato de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná, en mayo de 1983.
Mónica Torres fue subsecretaria de Derechos Humanos entre 1987 y 1991, durante la primera gestión de Jorge Busti y luego fue electa diputada provincial en 1999, integrando la lista del radicalismo.
Los últimos años de vida los pasó recluida en San Benito, mientras avanzaba una causa judicial en su contra, acusada de haber percibido en su beneficio los sueldos de dos empleadas contratadas de la Cámara de Diputados , que nunca prestaron servicios ni cobraron el dinero.
La denuncia se realizó en 2001 cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a las mujeres para que regularicen su situación ante el fisco, ya que registraban deudas como monotributista. Tal situación inició una investigación que estableció que jamás se habían inscripto a la AFIP.
La ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Instrucción de Héctor Villarodona. Recién en 2003 la investigación avanzó debido a que anteriormente Torres estaba protegida por los fueros. Sin embargo nunca llegó a juicio ya que se probó que la ex legisladora padecía demencia senil.
